Oviedo, J. A. ARDURA / R. L. MURIAS

Incineradora, sí o sí. El PSOE y el PP tendrán mayoría en la junta de gobierno de Cogersa, que se renueva este martes como consecuencia de los últimos resultados electorales tanto en el Principado como en los ayuntamientos. Según ha podido saber este periódico, PSOE y PP prevén sumar sus votos, superiores a los representantes de Foro Asturias, al objeto de sacar adelante la construcción de la incineradora de residuos, un proyecto que no acaba de convencer al Gobierno de Álvarez-Cascos. La consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Isabel Marqués, ha dejado claro que el Principado no apoyará el horno si no se aprueba previamente un plan de residuos para la región y se hace un estudio en el que se demuestre que la instalación se lleva a cabo con una tramitación rigurosa desde el punto de vista medioambiental. El Gobierno de Foro reclama que la planta disponga de la tecnología más avanzada, que minimice su impacto, y con el compromiso para darle un soporte presupuestario plurianual.

La junta de gobierno es el órgano supremo de gestión y administración de Cogersa. Está integrada por dos representantes de cada una de las entidades consorciadas, elegidos por ellas mismas. Están representados todos los ayuntamientos y el Gobierno del Principado. La junta de Cogersa es la que decide si el proyecto de la incineradora sale adelante o se queda en un cajón. Foro Asturias tendrá a partir del martes poco que decir en torno a la incineradora mientras que los populares y socialistas se pongan de acuerdo sobre la tramitación del horno. Ya lo hicieron una vez, en abril del año pasado, cuando se aprobó el proyecto, e IU, por aquel entonces socio de gobierno del PSOE, optó por no apoyar el proyecto al considerar que había otras soluciones más limpias que pasaban por fomentar el reciclaje y alargar la vida del vertedero central, donde se acumulan los residuos de los 78 concejos de Asturias desde hace 25 años y que está próximo a llenarse.

En estos momentos una empresa estudia las tres propuestas presentadas por tres compañías para construir la incineradora que, a expensas de lo que diga el estudio de impacto ambiental, se ubicará previsiblemente en Serín. El siguiente paso sería ya la tramitación de la obra y saber si el Banco Europeo de Inversión concede un crédito a la sociedad instrumental Cogersa, S. A. (creada para desarrollar el proyecto), para financiar parte de los 250 millones (IVA no incluido) en los que está presupuestada.

Fue el anterior Gobierno, presidido por el socialista Vicente Álvarez Areces y en coalición con IU, el que apostó por la construcción de una planta para quemar los residuos de Asturias a partir del año 2015, fecha en la que se calcula que el vertedero central esté lleno.

Además, también queda en el aire saber si el puesto de gerente de Cogersa, cargo que ostenta Santiago Fernández desde la creación del consorcio, cambia de manos. Fuentes cercanas han asegurado a LA NUEVA ESPAÑA que todo apunta a que Fernández seguirá como gerente del consorcio, pero que un representante del Principado, de Foro Asturias, supervisará su trabajo y sus decisiones.

Santiago Fernández ha sido el máximo defensor de la opción de construir un horno de residuos que dé relevo al vertedero de Serín. Sin embargo, desde la llegada al Gobierno del Principado de Foro Asturias, el partido de Álvarez-Cascos se ha mostrado reticente a que la incineradora salga adelante.

El consorcio no dispone de mucho tiempo para tomar una decisión sobre el futuro de las basuras en Asturias, ya que una planta de estas características necesita, al menos, 72 meses para tramitarse y completar la obra. El anterior Gobierno preveía adjudicar las obras de la incineradora el pasado mes de septiembre para llegar a tiempo antes de que se llene el vertedero de Serín, pero habrá que esperar a que la nueva junta de Cogersa tome una decisión. El proyecto de construcción de la incineradora ya va muy justo en el tiempo y cualquier paralización condenaría a Asturias a buscar otra solución sobre el destino de sus basuras a partir de 2015. En principio, la salida más razonable sería derivarlas a un vertedero de otra comunidad. Previo pago, eso sí.