Oviedo / Madrid
Félix VALLINA / E. P.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, según señalaron ayer fuentes del Ejecutivo central, está estudiando obligar a los concejos de menos de 5.000 habitantes a compartir servicios con otros consistorios con el fin de ahorrar gastos en la prestación de asistencias a los ciudadanos, una medida que, de ser llevada a cabo en Asturias, afectaría a 46 de los 78 municipios del Principado. La posible fusión de servicios en los ayuntamientos es una de las cuestiones que podrían estar hoy sobre la mesa durante la reunión que mantendrán el grupo de trabajo creado entre Administraciones Públicas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para abordar el catálogo de competencias de los ayuntamientos españoles.
Al presidente de la Federación Asturiana de Concejos, el socialista Antonio de Luis Solar, no le parece mal la idea, aunque con matices. «Me parece que compartir servicios es algo que tiene que hacerse y que es del todo razonable. Eso sí, hay que poner en marcha fórmulas ágiles que eviten tener que pasar por entes administrativos intermedios como son las mancomunidades, que ya está muy claro que han fracasado», señaló De Luis Solar.
La determinación de las competencias que podrán ejercer las corporaciones locales -así como a partir de qué umbral de habitantes se podrá desarrollar cada una de ellas- es una de las cuestiones clave a resolver en los próximos días. Y esto es así por varios motivos, uno de ellos porque hasta la fecha los ayuntamientos estaban ejerciendo una serie de competencias que no tenían asignadas, pero también lo es porque dada la autonomía municipal, no se puede obligar a los ayuntamientos a fusionarse.
Sin embargo, sí se puede hacer por la vía de los hechos, es decir, que el Ejecutivo podría decidir que las competencias de las localidades más pequeñas sean ejercidas por otra entidad, por ejemplo las diputaciones (donde existan), y que esos ayuntamientos, al carecer de competencias, tengan menos sentido y se vean obligados a asociarse. Por ello, una de las opciones con las que ha estado trabajando el Ministerio, aunque no hay ninguna decisión tomada al respecto, es la de aplicar el corte en los municipios de 5.000 habitantes. Es decir, que los menores de esta población se vean obligados a agruparse por no poder prestar determinados servicios o por no poder ejercer competencias en solitario. En la actualidad, el número de municipios españoles asciende a más de 8.000, pero esta cifra es considerada elevada por el Ejecutivo y así lo ha manifestado en público alguno de los ministros. «Si la finalidad de la iniciativa es llegar a obligar a los ayuntamientos a fusionarse por la vía de la presión no estamos para nada de acuerdo. Siempre hemos defendido que las fusiones han de partir de la voluntariedad de las partes y que deben de ser incentivadas», subrayó el presidente de la Federación Asturiana de Concejos.
Lo que parece tener meridianamente claro el Ejecutivo es que mantendrá las diputaciones provinciales. De hecho, Mariano Rajoy siempre ha defendido con intensidad su permanencia. Lo que no está tan claro es qué ocurrirá con las mancomunidades. La reordenación en profundidad de la administración local y de sus competencias se viene abordando entre Administraciones Públicas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que trabajan desde hace tiempo para acordar las reformas que el Gobierno quiere llevar adelante, aunque hasta la fecha no se había concretado.
Sin embargo, ahora se perfila como una cuestión de cierta urgencia, teniendo en cuenta que ésta, además, es una de las reformas que ha citado el Gobierno en su plan de reformas que ha enviado a la Unión Europea. De hecho, hoy está previsto que un grupo de trabajo creado entre Administraciones Públicas y la FEMP se reúna para abordar estas cuestiones y revisar también el informe que ha concluido la Federación Española de Municipios y Provincias sobre cómo reformar el catálogo de competencias siguiendo el principio establecido por Mariano Rajoy de «una administración, una competencia».
Hasta ahora, los municipios españoles están destinando una media del 25 por ciento del gasto a lo que se llaman «competencias impropias», es decir, las desempeñadas por las corporaciones locales aunque no les corresponda ejercerlas. Se trata en su mayoría de cuestiones sociales. Para todo ello, el Gobierno reformará la ley de Bases de Régimen Local, que regula la vida de los municipios y del resto de entidades locales, como diputaciones y comarcas.
