Oviedo / Barcelona, Á. FAES / Agencias

A Cristóbal Montoro se le escapan los motivos de queja que pueda tener el presidente en funciones del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, ante la investigación que su Ministerio, Hacienda, ha ordenado sobre las cuentas asturianas por si procediera el caso de su intervención. El Ministro aseguró ayer en Barcelona que «lo que tiene que hacer (Cascos) es resolver la cuita política que vive su comunidad y empezar cuanto antes a aplicar las medidas recogidas en el plan de ajuste». De lo contrario, advierte Montoro, «se le aplicará la ley de Estabilidad Presupuestaria», lo que implicaría la tutela de las cuentas de la región por parte del Gobierno central.

Ésta es la contundente respuesta al anuncio del Gobierno de Cascos de que reclamará al Estado por los daños y perjuicios que pueda causar en la financiación de la deuda asturiana este anuncio, del que se ocuparán la Abogacía del Estado y la Intervención General. El Ministerio de Hacienda aseguró ayer a este periódico que la advertencia se debe a «la situación política, con un gobierno provisional, que no garantiza la adopción de medidas para cumplir con el plan de déficit fijado», que no podrá ser superior al 1,5% por ciento del producto interior bruto.

En el departamento de Montoro levantó ampollas la llamada que ayer a primera hora efectuó el consejero de Hacienda en funciones del Principado, Ramón del Riego, solicitando una aclaración sobre el «contenido y alcance» de la nota de prensa en la que se anunciaba el estudio de una posible tutela de las cuentas de la región. Del Riego la calificó de «irresponsable» en una entrevista radiofónica y señaló que Asturias estaba en mejor situación en cuanto a la contención de déficit que otras autonomías. Representantes del Gobierno regional defenderán este jueves su plan de ajuste durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El consejero en funciones, además, abundó en la teoría de los «motivos políticos» de la decisión, algo que un portavoz del Ministerio rechazó de plano a preguntas de este periódico, igual que hizo la presidenta del Partido Popular asturiano, Mercedes Fernández. «El nivel de preocupación del Ministerio de Hacienda es singular respecto al caso asturiano», dijo a la salida de la reunión de la Junta de Portavoces en la Junta General del Principado. Más tarde, desde su oficina del partido ampliaron la opinión de la presidenta. «No estamos ante ninguna operación política. No nos encontramos ante intromisión alguna en la formación del próximo Gobierno», como habían acusado desde las filas casquistas. «El Ministerio de Hacienda actúa con criterios exclusivamente económicos y contables para solventar los errores detectados en el plan del Principado». Un plan contra el déficit que, según el diputado de Foro en el Congreso, Enrique Álvarez Sostres, «Asturias cumple sobradamente, al no llegar al uno por ciento cuando el límite es del 1,5%», aseguró.