El Principado votó ayer en contra de los nuevos esfuerzos exigidos por el Gobierno a las autonomías, que limitan el déficit para el año 2013 en el 0,7 por ciento y la deuda asturiana en el 12,3 de su PIB, un punto menos del previsto hasta ahora. El Ejecutivo regional fue uno de los dos, junto al de Canarias, que se opusieron a las medidas impuestas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada ayer en Madrid. Además, la representante de Andalucía abandonó el encuentro antes de la votación por profundas desavenencias y el de Cataluña ni siquiera acudió «porque ya está todo decidido de antemano». «Votamos en contra del déficit porque consideramos que es una exigencia muy poco flexible y en contra de la deuda porque no tiene en cuenta el esfuerzo que algunos hemos hecho durante los últimos años», explicó la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo.

El Ministerio de Hacienda sacó adelante su paquete de medidas con el apoyo de la mayoría de autonomías del PP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Incluso los representantes de los gobiernos de Castilla y León y Extremadura, que se habían abstenido hace quince días ante la petición de aprobar nuevos ajustes, votaron a favor de los nuevos objetivos, que obligan a todas las regiones a alcanzar un déficit del 0,7 por ciento para 2013.

«El Gobierno no ha ofrecido las mismas facilidades a las regiones que las que le concedió Europa para el conjunto del Estado. Se nos pide más de lo que están dispuestos a ofrecer», indicó Carcedo tras salir de la reunión. La Consejera no quiso detallar las decisiones que se tendrán que tomar a partir de ahora para lograr el nuevo tope, aunque sí advirtió que «tendremos que recalcular» algunos de los puntos que aparecían reflejados en el plan económico-financiero del Principado, aprobado por el Ejecutivo de Rajoy el 16 de julio con una previsión del déficit superior a la impuesta ayer.

Las quejas de Carcedo subieron de tono en relación al nuevo límite de la deuda, que el Gobierno ha decidido tratar de manera individualizada para cada región y que será del 15,1 por ciento en el cómputo global. Una decisión que la responsable de Hacienda considera injusta, al entender que se impone demasiada dureza a las autonomías que han conseguido controlar este aspecto durante los últimos años en relación a las que no lo han hecho. No en vano, a Asturias se le prohíbe endeudarse por encima del 12,3 por ciento de su producto interior bruto (PIB) durante 2013 y por encima del 12,4 por ciento en 2014. Las exigencias para 2015 son del 12,1 por ciento. «Se trata de un escenario tremendamente restrictivo, muy rígido y que nos sitúa al borde de nuestras posibilidades a la hora de realizar pagos a empresas con las que mantenemos deudas consolidadas», explicó Carcedo.

La representante del Principado mostró su enfado porque el bajo nivel de endeudamiento que el Gobierno impondrá a autonomías que no tenían problemas al respecto, como Madrid, Castilla y León, Asturias y Aragón, contrasta con las facilidades dadas a las que presentaban unos índices más elevados, como la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, que incluso podrán solicitar créditos el año que viene por el mismo valor que las previsiones anteriores. «Este tratamiento desigual me parece muy injusto», concluyó.

En la misma dirección se expresó su homóloga andaluza, Carmen Martínez Aguayo, que abandonó la reunión antes de que se votaran las medidas y anunció que las llevará ante el Tribunal Constitucional. «No parece razonable que a nosotros, una de las autonomías menos endeudadas de España y bastante menos que la media, se nos exija cumplir con el objetivo de deuda que plantea el pacto de estabilidad en el año 2013 cuando tenemos de tiempo hasta 2020», indicó. Además, se mostró «perpleja» antes los «restrictivos» criterios impuestos por Montoro, con el que mantuvo un rifirrafe dialéctico antes de salir de la sala.

La andaluza también manifestó «comprender» al catalán Mas-Colell, que se negó a acudir al encuentro en Madrid al entender que el Gobierno impone las medidas «sin consultar ni dialogar con las comunidades autónomas». «Hemos estado presentes por una cuestión de lealtad institucional, pero creemos que no está habiendo la suficiente cooperación institucional», sentenció Martínez Aguayo.