Oviedo, J. A. ARDURA

El Principado justificó ayer la necesidad de aplicar «medidas excepcionales y duras», que incluirán la supresión de empleos, para que la sanidad asturiana «sea sostenible». Los responsables del Servicio de Salud del Principado (Sespa) rechazaron que la aplicación de la nueva jornada laboral sea más lesiva en Asturias que en otras autonomías aunque reconocieron que supondrá «un sacrificio» para los trabajadores y eludieron dar cifras del número de empleos que se destruirán como consecuencia de la ampliación de jornada. Frente a la advertencia de una huelga general para el próximo otoño, la gerente del Sespa, Celia Gómez, apeló «a la vocación de servicio público» de las plantillas de la sanidad.

El Principado eludió entrar en una confrontación con los sindicatos profesionales de la sanidad asturiana que 24 horas antes habían calificado de «declaración de guerra» la nueva jornada laboral, resultante de la ampliación de dos horas y media semanales a toda la plantilla. La gerente del Sespa afirmó que la implantación de la nueva jornada, que pasará a ser de 1.650 horas anuales, «viene marcada por la ley de presupuestos generales del Estado y en un contexto de obligación de reducir el déficit. Hay que tomar medidas excepcionales y, lógicamente, son duras». Celia Gómez afirmó que los recortes son obligados por la actual situación económica. «Los ingresos están bajando y la disponibilidad de gasto disminuye. Aquí priorizamos los servicios públicos pero ello no impide que haya ajustes internos. Tenemos que lograr más eficiencia para permitir la sostenibilidad del sistema sanitario público», defendió la gerente del Sespa, que destacó el cambio de escenario respecto a los procesos negociadores en la época de bonanza económica. «Acostumbrados a negociar mejoras, ahora el incremento de jornada hace más difícil llegar a un acuerdo. Entiendo la posición de los sindicatos pero nuestra obligación es garantizar la sostenibilidad de la sanidad. Reconocemos que estamos ante un esfuerzo excepcional, el mismo que nos demanda la sociedad para mantener la sanidad pública», afirmó la gerente del Servicio de Salud del Principado.

Los sindicatos profesionales de la sanidad asturiana sostienen que la organización del trabajo que pretende ahora el Principado supone «un retroceso de 30 años», que hace especial mella en el cómputo de horas del turno rotatorio y en las «peonadas», los programas especiales que hasta ahora se remuneraban de manera extraordinaria y que pasarán a cubrirse dentro de la jornada ordinaria. «Si cuando disminuyó la jornada aumentaron los descansos, es lógico que ahora con la ampliación suceda al revés y se incremente la presencia de profesionales del Sespa en los centros», planteó Celia Gómez, quien evitó entrar en cifras del volumen de empleos eventuales que se suprimirán por la ampliación de la jornada.

Los sindicatos hablan de la pérdida de más de mil empleos en la sanidad, que afectará tanto a médicos como a enfermeros y auxiliares que hasta ahora eran contratados como eventuales, de forma regular. «Esos cálculos no son adecuados», valoró la gerente del Servicio de Salud del Principado, quien destacó que «no se destruye empleo estructural de plantilla». No obstante, Celia Gómez reconoció que con la ampliación de la jornada laboral «harán falta menos horas extraordinarias y menos contratos eventuales». El Principado dice estar abierto a la negociación con los sindicatos aunque el próximo Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar la implantación de la nueva jornada, para su aplicación a partir del 1 de septiembre.

El SIMPA ya ha anunciado que presentará una contrapropuesta en los próximos días. «El diálogo está abierto pero los márgenes son muy estrechos», afirmó la gerente del Sespa, que al ser preguntada sobre la posibilidad de un «otoño caliente» en la sanidad asturiana, con una huelga general en el mes de octubre, apela a la responsabilidad del conjunto de la plantilla.

«Los profesionales del Sespa son conscientes de la situación en la que estamos y quieren que siga existiendo una sanidad pública. No renunciamos a que sea un servicio público sostenible. Plantear otras políticas sería engañarnos y llevar la sanidad a la ruina», defendió Celia Gómez, quien aseguró que las medidas excepcionales «serán necesarias hasta que la situación económica del país cambie».