Oviedo, M. J. IGLESIAS
El Gobierno del Principado, desde que llegó al poder, ha reducido 9,66 días el plazo para pagar a proveedores y alcanza una media de 111,38 días. El promedio para abonar facturas es de 80,17 días en la Administración, 70,12 para los organismos autónomos y 165,745 en el caso del Sespa. Los datos fueron ofrecidos ayer por la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, en la comisión del ramo de la Junta, en respuesta a la pregunta formulada por el portavoz del Grupo Mixto (UPyD), Ignacio Prendes.
La reducción se ha producido básicamente por el descenso del período de pago del Sespa en 33,236 días. La ley de Endeudamiento derivada del mecanismo extraordinario de financiación para pagos, aprobada por la Junta General el pasado 14 de junio, permitió formalizar créditos con once entidades financieras por importe de 243,3 millones de euros.
El 26 de junio se hicieron ingresos a más de 800 proveedores que con fecha 31 de diciembre tenían facturas pendientes con la Administración. La mayor parte del importe se concentraba en el Sespa, mientras que a la Administración general le corresponden 1,5 millones de euros. Carcedo aseguró que el Ejecutivo trabaja ahora para seguir bajando el período de pago hasta alcanzar los 30 días que marca la normativa nacional para el año 2013. Carcedo, que compareció en la Junta a petición del PP para informar sobre el informe de la Sindicatura sobre la Cuenta General del Principado de 2010, explicó que su departamento ha confeccionado un borrador sobre el procedimiento que se seguirá en los denominados contratos menores, a fin de homogeneizar el procedimiento y fomentar la concurrencia. Además ha indicado que se trabaja para mejorar el registro de licitadores, impulsar un sistema de contratación electrónica y potenciar el perfil contratante. Ante las críticas del informe, Carcedo insistió en que desde la Administración se le ha dado a la Sindicatura toda la información que precisaba, aunque en un formato diferente del que solicitaba. Tanto el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons como la diputada de Foro Asturias Teresa Alonso instaron al Gobierno a cumplir con las recomendaciones del informe. Cuervas pidió un cambio de actitud y señaló que si se hubiesen cumplido las indicaciones, no hubiera habido un «caso Marea». En contratos menores se incluyen los relativos a obras por importe inferior a 50.000 euros, y a 18.000 euros en el caso de que sean para servicios, suministros o asistencias técnicas. Esas cantidades se elevan a 200.000 y 60.000 euros, en el caso de que se aplique el procedimiento negociado en la adjudicación.
