Nuevas incertidumbres sobre el impuesto a la banca. El Tribunal Constitucional dejó ayer en suspenso el tributo catalán a los depósitos, similar al que el Gobierno del Principado aprobó en la última semana del pasado año y que ha incluido en los Presupuestos de 2013 con una estimación de ingresos de 30 millones de euros. El Ejecutivo regional, a la espera de conocer el dictamen encargado por el Consejo de Ministros al Consejo de Estado sobre la medida, «está dispuesto a utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance para defender una tasa» que salió adelante mediante la ley de presupuestos aprobada por el Parlamento asturiano. El gabinete de Javier Fernández acusó al de Mariano Rajoy de «expropiar a las autonomías» la capacidad normativa propia que tienen para decidir sobre determinados impuestos.

El Constitucional notificó ayer la providencia que admite a trámite el recurso presentado por el Gobierno central y que conlleva automáticamente la suspensión temporal del cobro del nuevo tributo a las entidades bancarias. La Generalitat catalana dispone ahora de un plazo de quince días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que estime oportunas. La comunicación del tribunal al Gobierno que preside Artur Mas no altera la estrategia del Ejecutivo asturiano, que está a la espera del dictamen encargado por Rajoy al Consejo de Estado sobre un recurso idéntico contra el impuesto a los depósitos bancarios, que entró en vigor en Asturias el pasado 30 de diciembre. «El impuesto de Asturias es legal y constitucional. La defensa de esa constitucionalidad ocupa la labor de nuestros servicios jurídicos», afirmó ayer el portavoz del Gobierno del Principado, Guillermo Martínez.

El Gobierno regional fundamenta la creación del nuevo impuesto en la sentencia del Tribunal Constitucional que dio validez al tributo sobre los depósitos bancarios promovido por la Junta de Extremadura en 2002. Aquella decisión del Gobierno de Juan Carlos Rodríguez Ibarra (PSOE) fue recurrida por el Consejo de Ministros que presidía entonces José María Aznar (PP). La sentencia del Constitucional dando validez al tributo autonómico en contra de las tesis del Gobierno central llegó diez años después, en noviembre de 2012. De inmediato, Izquierda Unida de Asturias instó al Gobierno regional a incorporar esa nueva figura fiscal, el impuesto sobre los depósitos bancarios, que deben pagar las entidades financieras y no los clientes, en los Presupuestos regionales de 2013. Esta demanda se convirtió en una de las piezas clave de la negociación presupuestaria, en la que el PSOE necesitaba el apoyo de la coalición y también el de UPyD para sacar adelante su proyecto de cuentas y superar la situación de prórroga presupuestaria en la que permaneció la Administración asturiana durante 2012. Finalmente, PSOE e IU acordaron la incorporación a las cuentas de este ejercicio de un ingreso de 30 millones de euros por el impuesto a la banca en un Presupuesto necesitado de vías de financiación extras, ante las limitaciones de endeudamiento impuestas por Madrid para cumplir el techo del déficit del 0,7 por ciento.

Los servicios jurídicos del Principado niegan la mayor de que el tributo asturiano colisione con el estatal, uno de los motivos esgrimidos por el Gobierno central y por su portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, al anunciar el recurso contra el tributo del Principado. El impuesto asturiano se acomodó al puesto en marcha por Extremadura y, por lo tanto, no altera la unidad de mercado ni la libre circulación de capitales, tal como reconoció el Constitucional en su sentencia de noviembre pasado.

Los informes jurídicos que obran en poder del Gobierno asturiano también tienen dudas sobre el impuesto de gravamen cero incluido por el Gobierno central en la ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2013, después de que varias autonomías, entre ellas Cataluña y Asturias, anunciasen su intención de crear nuevos impuestos para gravar a los bancos. El portavoz del Gobierno regional, Guillermo Martínez, achacó ayer al Ejecutivo de Rajoy la intención de «expropiar a las comunidades autónomas una competencia propia, creando un impuesto no para recaudar, sino para bloquear las competencias de las comunidades autónomas».

Los servicios jurídicos también creen que habría base para reclamar una compensación económica en el caso de que el Tribunal Constitucional dé validez a la creación del impuesto estatal. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya se ha mostrado contrario a indemnizar a Asturias por ese impuesto. «De no ser compensada, Asturias sufriría una situación de desigualdad» respecto a otras autonomías que tienen reconocido ese derecho como Extremadura, Andalucía y Canarias.