Joaquín Fernández Díaz, ex vicesecretario del PP regional y actual presidente popular en San Martín del Rey Aurelio y coordinador del partido en el Nalón, fue detenido ayer en relación a una de las investigaciones derivadas de la «operación Pokémon», una trama de corrupción centrada en supuestas adjudicaciones irregulares detectadas en varios ayuntamientos gallegos en la que están implicados más de una treintena de empresarios y políticos. Según fuentes ligadas a la investigación, la juez que instruye el caso, la gijonesa Pilar de Lara, considera que Joaquín Fernández podría haber actuado de «conseguidor» de contratos en Asturias para la empresa Aquagest, una firma en la que el político trabajó como director comercial de la zona norte del país hasta el año 2011 y que actualmente tiene la concesión del servicio de gestión del agua en 18 ayuntamiento asturianos. En base a esta segunda fase de la «operación Pokémon» -que ha sido bautizada como «operación Manga»- también resultaron detenidas otras ocho personas -cuatro en Galicia y otras cuatro en Cataluña-, entre ellas José Luis Míguez, delegado de Aquagest en Santiago de Compostela. La firma para la que trabajaba Joaquín Fernández pertenece al Grupo Agbar (Aguas de Barcelona).
Según las mismas fuentes, la investigación se inició a raíz de las escuchas practicadas durante la «operación Pokémon». Las grabaciones permitieron descubrir supuestos acuerdos fraudulentos entre políticos de Santiago de Compostela y el delegado de Aquagest en la ciudad, unas conversaciones en las que presuntamente se pactaba la prórroga del actual contrato de la firma con el Consistorio gallego ante la competencia de otras empresas del ramo que querían introducirse en Santiago. Los otros tres detenidos ayer en Galicia -además de José Luis Míguez- son el concejal de Seguridad en el Ayuntamiento compostelano, Albino Vázquez Aldrey; el ex asesor municipal del PP y persona próxima al ex alcalde Gerardo Conde Roa, Ángel Espadas, y un empresario cercano a éste último, Jesús Fuentes. En Cataluña también se produjeron las detenciones del alcalde de Sant Hilari Sacalm (Gerona), Robert Fauria i Danés, de CiU; el jefe del departamento de Organización de Servicios a la Ciudadanía del Consell Comarcal de la Selva, J. C. F. M.; el apoderado de la empresa GRS Arc Local, J. M. F. I. G. y el administrador de la misma firma, A.R.V. Sobre GRS Arc Local gira la supuesta trama catalana. La empresa -encargada de la gestión de multas en Santiago- habría sido supuestamente beneficiada por el alcalde detenido a la hora de la concesión de varios contratos públicos en Cataluña.
Los agentes del Servicio Vigilancia Aduanera llevaron a cabo diversos registros en Santiago de Compostela y en Cataluña, incluidas dependencias municipales, la casa de Gerardo Conde Roa y la oficina de Aquagest en la ciudad gallega. Pero la investigación no se quedó sólo en la comunidad vecina. En Asturias también se produjeron registros por parte de los efectivos del citado cuerpo, que entre otras cosas se pasaron horas recopilando documentos y expedientes en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, uno de los municipios asturianos gobernados por el PP en los que Aquagest lleva la gestión del agua. Los agentes también registraron la vivienda de Joaquín Fernández en Avilés y la sede de la firma que ahora dirige, Ingenium, una consultoría ubicada en La Curtidora (Avilés). Fernández fue trasladado hasta allí por funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera y de la Agencia Tributaria después del registro de su piso.
Las labores policiales se prolongaron varias horas. No en vano, según fuentes consultadas por este diario, algunos de los agentes ya estaban en La Curtidora a las siete y media de la mañana. Hasta las diez no llegaron los dos empleados de Ingenium que trabajan con el presidente del PP de San Martín, a los que se les impidió la entrada en la oficina. Un poco más tarde apareció Joaquín Fernández custodiado por los agentes policiales y comenzó el registro. Los funcionarios analizaron la documentación encontrada en varias cajas y la hallada en los ordenadores de la oficina. También inspeccionaron el vehículo del detenido, estacionado en el aparcamiento del centro de empresas avilesino. La operación concluyó pasadas las cinco y media de la tarde. Según las mismas fuentes, los agentes también salieron con varias cajas llenas de papeles de la vivienda de Joaquín Fernández, que permaneció «muy tranquilo» durante todo el proceso y «ni siquiera se sorprendió» cuando fue arrestado. Se da la circunstancia de que los agentes de la Agencia Tributaria ya efectuaron otro registro en el Ayuntamiento de Avilés hace diez días, un municipio en el que Aquagest también tiene la gestión del agua.
La juez Pilar de Lara, según las fuentes consultadas, considera que Joaquín Fernández podría haber utilizado su influencia política para obtener concesiones para Aquagest. Por el momento, la magistrada asturiana tiene previsto escuchar hoy en el Juzgado de instrucción número 1 de Lugo la versión del político asturiano y la del resto de los detenidos durante la jornada de ayer.
