«No vi el cambio en el contrato de Aquagest, me lo dieron hecho», afirma un edil cangués

P. RODRÍGUEZ / F. VALLINA

«Me lo dieron todo hecho a pesar de que, como concejal de Urbanismo, la operación entraba dentro de mis competencias». José Ramón Puerto, edil no adscrito en Cangas del Narcea, se refiere así a los documentos relativos a la modificación del contrato de explotación de las depuradoras del concejo, un trámite que se aprobó en julio del año pasado y que acabó con la adjudicación del servicio a la empresa Aquagest, la firma para la que trabaja el político asturiano Joaquín Fernández, del PP, detenido el pasado jueves e imputado por tráfico de influencias en el «caso Pokémon», que investiga una supuesta red de sobornos a políticos para hacerse con adjudicaciones de servicios municipales.

Cangas del Narcea, gobernado por el PP, es uno de los ayuntamientos asturianos en los que se han practicado registros por orden de la magistrada gijonesa Pilar de Lara, instructora de «Pokémon». El concejal José Ramón Puerto afirma que el día en que se aprobó la adjudicación del servicio a Aquagest por 165.400 euros, tomó la decisión de abstenerse durante la votación que tuvo lugar en la Comisión informativa de Hacienda. Aseguró que no tenía conocimiento del contenido de los documentos, que le llegaron «hechos» de manos de instancias superiores en el Consistorio que dirige el popular José Luis Fontaniella.

«No voté porque yo no había visto la modificación del contrato», asegura Puerto. El edil recuerda que la situación no le gustó en absoluto. «Me enfadé bastante, pues no obtuve la documentación hasta la fecha del Pleno, no se me había informado para nada». Afirma que «eso no era una práctica habitual» en su relación con la Alcaldía y mantiene que «fue un hecho excepcional». Puerto es un concejal no adscrito. No obstante, iba como número tres en las listas del PSOE, pero ya no pertenece al Grupo Socialista porque votó a favor del alcalde José Luis Fontaniella, del PP, en el Pleno de investidura y se unió a su equipo de gobierno como concejal de Urbanismo. Su voto le valió al actual regidor para hacerse con el sillón de la Alcaldía.

La juez de «Pokémon» ordenó a los agentes del Servicio Aduanero investigar documentos, físicos y digitales, relacionados con la empresa Aquagest en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea. Los agentes judiciales buscaban todo lo que tuviese que ver con esta empresa desde principios de 2011. Desde esa fecha, la única variación contractual entre el Ayuntamiento y Aquagest tuvo lugar en julio de 2012. Entonces, el Pleno municipal aprobó la modificación del contrato con Aquagest para la gestión de las depuradoras del concejo. Media docena de ellas había sido construida recientemente gracias a los planes «E» y «A», y su gestión no estaba licitada. El equipo de gobierno, del PP, llevó al Pleno la modificación del contrato con Aquagest para que se hiciese cargo de esta gestión hasta 2015, momento en que finaliza el contrato general de gestión de todas las depuradoras del concejo.

En esa modificación, la Junta de Saneamiento, organismo regional que financia estos servicios, puso sobre la mesa una subvención de 170.218,31 euros, aunque el importe total con el que se contrató a la empresa Aquagest fue sensiblemente menor: 165.452,20 euros. En el Pleno se aprobó esta modificación por unanimidad. Puerto también votó a favor y ahora explica el porqué. «Según los informes de secretaría, intervención y la Junta de Saneamiento, todo correspondía con lo que había que hacer, así que voté que sí a la modificación». El secretario general de los socialistas cangueses, José Víctor Rodríguez, mostró su preocupación por la vinculación del Ayuntamiento en este asunto. «La agrupación socialista se pregunta de la mano de quién se ha procedido a la modificación del contrato con Aquagest, pues, según consta en acta, el concejal con competencias en este asunto afirma que no se le dio traslado previo de esta información». El PSOE cangués cree que el Alcalde «debe aclarar si ha sido él mismo quien ha propuesto la fórmula de modificación de contrato, que supuestamente han venido a investigar a Cangas los agentes de la brigada de Aduanas, o si, por el contrario, esa modificación de la concesión fue promovida por alguna persona de su entorno». El PSOE pide también que se explique si el asesor del alcalde Carlos Guerrero (ex alcalde popular de Pravia) intervino en este asunto.