Los alcaldes advierten de que la nueva ley local inutilizará 71 ayuntamientos

Antonio de Luis Solar, alcalde socialista de Pravia y presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), alertó ayer de que la reforma del régimen local que plantea el Ejecutivo central amenaza con «vaciar de contenido» a los municipios de menos de 20.000 habitantes, que en el Principado son 71 de 78.

Según los planes del Gobierno de Rajoy, los servicios que prestan actualmente los concejos que están por debajo de los 20.000 vecinos tendrán que ser asumidos por la comunidad autónoma, en el caso de que superen un coste estándar que el Ministerio de Hacienda va a fijar para cada servicio público. Solar tiene la convicción de que, tras ese planteamiento, se encuentra un afán privatizador, para dejar a los pequeños concejos sin competencias y facilitar la entrada de las empresas.

En una comparecencia en la sede de la FSA, junto a la diputada y responsable de Política Municipal del partido, Adriana Lastra, el presidente de la FACC subrayó que el contenido de la reforma «no puede ser aceptado», porque, a su juicio, «demoniza o condena a unos municipios rurales que no son en absoluto culpables del desfase económico». Además, negó que las medidas planteadas puedan suponer un ahorro de 7.000 millones, como apuntó el ministro Cristóbal Montoro el pasado viernes. Para argumentarlo, puso el siguiente ejemplo: «Se dice que el 82% de los alcaldes va a dejar de cobrar, cuando el 85%, tanto en Asturias como en el conjunto de España, ya no lo hace».

Por su parte, Adriana Lastra aseguró que la reforma «encubre privatizaciones de servicios públicos», genera «municipios de primera y de segunda» y «limita el acceso de los ciudadanos a la actividad política», al establecer que los alcaldes de los pequeños concejos no puedan cobrar. «Quedarán en manos de jubilados, de ricos o del tiempo libre», indicó.

IU también rechazó el proyecto de reforma del régimen local, al entender que no supondrá una mejora de la gestión de los recursos públicos, sino «un mayor gasto». Manuel González Orviz, coordinador regional de la coalición, aseguró ayer que lo que urge es «abordar la deuda de Madrid, de más de 6.000 millones, y de Barcelona, de más de 1.600 millones», y «no demonizar a 6.810 ayuntamientos de menos de cinco mil habitantes». «La reforma es recentralizadora con el claro objetivo de reducir las posibilidades reales de participación ciudadana», añadió.

Fuentes de Hacienda confirmaron ayer que su intención es aprobar la nueva ley antes de que acabe el año y reconocieron que puede conllevar privatizaciones.