El jefe de sección de Suministros de Centros Docentes de la Consejería de Educación, José Antonio González Ramos, ha asegurado hoy que su servicio cumple con todos los requisitos legales a la hora de contratar y que si llega uno incorrecto se devuelve para que poder subsanar los errores.
González Ramos ha matizado que su servicio se encarga de la contratación de obras, básicamente, pero que los suministros de los centros no dependían de ellos, sino de la Dirección General de Centros y Planificación.
Ha asegurado que en los negociados sin publicidad se solía invitar a tres empresas que ellos no decidían, sino que se planteaban desde la jefatura de servicio o desde la Dirección General de Centros, y que desde su servicio, en todo caso, se desconocía a quién se compraba o con quién se contrataba.
"Para bien o para mal la administración puede contratar con quien quiera", ha añadido González Ramos al comparecer hoy ante la comisión que investiga en la Junta General del Principado supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de la administración regional, proceso conocido como "caso Marea".
Durante su turno de preguntas, el portavoz socialista, Fernando Lastra, se ha interesado sobre quiénes han sido en los últimos años los interventores delegados en la Consejería de Educación y, como tales, los encargados de fiscalizar sus cuentas.
En su respuesta, el jefe de la sección de suministros ha señalado que él ha conocido a dos: la actual, Isabel Urías y el anterior, Luis Francés, marido de la presidenta del PP de Asturias y portavoz de los populares en el Parlamento regional, Mercedes Fernández.
Tras su intervención ha comparecido ante la comisión Beatriz Pérez funcionaria interina de la escala básica que participó en los procedimientos de homologación y adquisición de material de oficina no inventariable.
Esta funcionaria ha señalado que eran pocas las empresas homologadas para adquirir ese material, entre cinco y seis, entre las que se encontraban "Igrafo" y "Almacenes Pumarín", cuyos propietarios se encuentran imputados en el "caso Marea".
"Esas dos empresas tenían unos almacenes que tenían de todo y podían servir de forma urgente" por lo que, según esta funcionaria, hubiese sido raro que la Consejería no contratase con ellas.
Ha añadido que antes se pedían tres ofertas y se escogía en función del precio y que, desde hace dos años, se sigue un nuevo procedimiento en el que, tras escoger el más barato se piden posteriormente ofertas a todos los que tienen ese tipo de material para bajar aún más el precio.
Las comisión del caso Marea continuará mañana con la declaración de algunos comparecientes requeridos desde el grupo socialista como el exdirector general de Modernización de la Consejería de Administraciones Públicas, Alberto Pérez Cueto, o la exdirectora general de Informática, María América Álvarez.
El exsecretario general técnico de la Consejería de Cultura Francisco José Díaz Ortiz, los exjefes de servicio de Administraciones Públicas Gustavo González, Pilar Sánchez y María José Cortés también prestarán testimonio ante la comisión.
De esta forma, la comisión volverá a centrarse en la funcionaria Marta Renedo y la supuesta trama que puso en marcha para adjudicar contratos de la Consejería de Administraciones Públicas.
