El ex alcalde de Cudillero, Francisco González, y la ex concejal Verena Prendes, imputados en la querella presentada por el sargento Iván Flórez y tres hosteleros por cobros ilegales para el pago de la vigilancia de los chiringuitos de las fiestas, negaron ayer de forma tajante haberse quedado con parte del dinero entregado por los empresarios, tal como apuntan las acusaciones particulares, que incluyen en sus escritos de calificación un delito inesperado, el de apropiación indebida.
En un escrito que puede leerse en la parte inferior de la página, González y Prendes explican que fueron los propios hosteleros los que pidieron la vigilancia de los agentes locales, porque les salía más cara la seguridad privada. Añaden que los servicios jurídicos municipales no pusieron pegas a la realización del servicio. Los dos insistieron en la «mala fe procesal» de las acusaciones por incluir el delito de apropiación indebida, y negaron que el juez haya decretado aún la apertura de juicio oral.
La querella «es tan burda como falsa, tan torticera como espuria, donde se mezclan intereses políticos fundamentados únicamente en el descrédito y la condena social», asegura Francisco González.
El ex alcalde de Cudillero y diputado regional socialista destaca que «todo el dinero entregado por los hosteleros que regían estos chiringuitos de verano entró íntegramente por tesorería» y que «ese dinero es exactamente el que percibían los agentes de Policía por su trabajo».
Así, Francisco González concluye que no hay «ni soborno, ni cuentas que no estén casadas» y que está claro que el dinero nunca pasó por sus manos.
Por otro lado, los tres hosteleros querellados contra el ex alcalde Cudillero Francisco González y la ex concejal Verena Prendes, presentaron ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) su escrito de calificación, en el que solicitan diez años de cárcel y otros 22 de inhabilitación especial para el diputado regional. Esta acusación particular, bajo la dirección letrada de Gabriel Giraudo, igual que la ejercida por el sargento de la Policía Local, Prudencio Iván Flórez, considera que el ex alcalde y la ex edil incurrieron en los delitos de cohecho y exacciones ilegales, así como en el de apropiación indebida. Según explicó Giraudo, los agentes de la Policía Local no recibieron todo el dinero que pagaron los hosteleros y hay indicios de que alguien se lo quedó. La acusación ejercida por el sargento, que eleva su petición de pena a trece años y medio de prisión, cifra incluso la cantidad de la que se habrían apoderado los acusados: 10.000 euros en cinco años.
La acusación ejercida por los hosteleros, uno de los cuales, Jesús Álvarez, está a su vez imputado en el caso de los insultos y amenazas al ex alcalde y varios concejales en el blog «Señor alcalde», reclama penas inferiores para Verena Prendes, nueve años de prisión, 16 de inhabilitación y otros cuatro de suspensión de empleo o cargo público.
La fiscalía presentará su escrito de acusación presumiblemente a comienzos de la semana que viene. El caso lo llevaba personalmente por el recientemente fallecido fiscal superior de Asturias, Gerardo Herrero.
Por el delito de cohecho, los hosteleros piden para González la pena de cuatro años de cárcel, diez meses de multa, inhabilitación especial por doce años y una multa de 90.000 euros, el triple de la cantidad que pagaron durante cinco años. Por el delito de exacciones ilegales, solicitan 24 meses de multa y 4 años de inhabilitación. Finalmente, por el delito de apropiación indebida, piden seis años de cárcel, multa de doce meses y seis años de inhabilitación especial.
Para sustentar esto último, tanto la acusación de los hosteleros como la del sargento piden que se practiquen nuevas pruebas, consistentes en la presentación de una revista, «La Dolores», elaborada por la comisión de festejos del mismo nombre de Soto de Luiña, así como la declaración de cuatro miembros de la misma. En la revista constan pagos a policías en 2009 y 2010, según indican en su escrito de acusación los querellantes.
