El Sindicato Independiente Policía Local de Asturias (Sipla) asegura que el PSOE de Cudillero, el partido que gobierna en el municipio, está haciendo lo indecible para conseguir que el jefe del cuerpo en el concejo pixueto, Prudencio Iván Flórez, «abandone su puesto de trabajo al no poder resistir la presión que se ejerce sobre él». Según el SIPLA, ese «acoso laboral» llega hasta tal punto que «cualquier salida que tenga que efectuar la Policía en un vehículo oficial» destinado al cuerpo debe ser previamente autorizada por el concejal delegado del área. «Se podría dar el caso de que, ante una llamada de emergencia vital para un vecino o visitante del concejo, el ínclito concejal estuviera simplemente ocupado en otros menesteres (incluso de higiene personal, que en verano abundan los cólicos) y que todos los vehículos disponibles, con el motor arrancado y las luces encendidas, tuvieran que esperar, como en la Fórmula 1, al banderazo de salida que podría dar perfectamente desde la ventana de los servicios de la planta noble del Ayuntamiento», recoge literalmente un duro comunicado enviado por el sindicato policial.

Los responsables del SIPLA mantienen que la «persecución» a Flórez está orquestada por «el anterior alcalde», en referencia al ex diputado regional Francisco González, con quien Prudencio Iván Flórez aún mantiene varios frentes judiciales abiertos. Entre otras cosas, a raíz de una denuncia interpuesta contra González por parte del jefe de la Policía -que dio lugar a que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias abriese juicio oral contra el socialista por un presunto delito continuado de exacciones ilegales- el ex alcalde pixueto se vio obligado a renunciar a su escaño en el Parlamento regional. «El antiguo regidor tiene un único afán: la venganza contra quien no besó su mano», asegura el SIPLA en su texto también en referencia a Francisco González.

Pero según denuncia el sindicato, Flórez no sólo tiene que pedir permiso para usar los coches policiales, también tiene que recibir el visto bueno del concejal de Policía para entrar en otras dependencias municipales que no sean las de la Comisaría y debe justificar el motivo de su visita. «Es decir, un ciudadano de Nueva Zelanda, vestido de mahorí, tiene el libre acceso a una oficina administrativa municipal pixueta y el jefe de la Policía Local no», asegura el SIPLA. El sindicato considera que «la libre circulación sólo podrá ser suspendida con motivo de la declaración de estado de excepción o sitio, aunque no dudamos de que la actitud de la Corporación pixueta hacia Prudencio Iván Flórez reúne los dos estados a la vez». El SIPLA sostiene que la presión sobre el jefe de la Policía va más allá. «Cuando nuestro compañero Iván creía que esto no podía dar más de sí, le llega una nueva orden: como jefe de Policía tiene asignado un teléfono móvil que, como no puede ser de otra manera, es propiedad del Ayuntamiento. Pues bien, el nuevo regidor en la sombra de Cudillero (por Luis Fernández Garay) ordena a Iván que, todos los días, al terminar su jornada presencial deberá entregar dicho teléfono». El sindicato explica que «la Policía de Cudillero trabaja todo el año a dos turnos y, lógicamente, por las tardes también pueden ocurrir problemas que requieran su intervención o incluso su presencia en la villa».

El Sindicato Independiente Policía Local de Asturias recuerda además que Prudencio Iván Flórez fue denunciado en su día por Ignacio Fernández -el alcalde cuyo nombramiento echó abajo el Tribunal Constitucional porque fue designado sin estar previamente en las listas-, que le acusó de haberle agredido cuando, según el SIPLA, sólo les separó a él y a un vecino «en el transcurso de un Pleno tumultuoso». El sindicato asegura que el «alcalde inconstitucional» denunció a Flórez «movido por la venganza y el rencor». Además, el SIPLA asegura que el Consistorio «establece la obligatoriedad de entregar a cada agente una hoja de servicio que contenga, detalladamente, todos los cometidos de la jornada. Hoja que habrá de entregar a primera hora al concejal y que si sufre algún cambio deberá comunicarse, de inmediato, y suficientemente motivada, al susodicho concejal. Al principio parece un acto organizativo de primerísima clase pero, si lo observamos detalladamente, enlaza a la perfección con la definición de acoso laboral», recoge el comunicado del sindicato policial.