Los diputados asturianos iniciaron ayer el curso político sin encarar una de las mayores polémicas del anterior período de sesiones: la reforma de su sistema salarial. Las cinco fuerzas de la Cámara regional repiten el mantra de lo necesario que es alcanzar un acuerdo cuanto antes, pero parecen enredados en una espiral a la que no encuentran salida. Ayer lo pasaron por alto durante la primera reunión de los portavoces; al fin y al cabo, no venía en el orden del día. Después, todo fueron suposiciones enfocadas hacia la próxima semana como nueva fecha para sentarse a negociar, aunque sin concretar el cómo y sólo especulando con el cuándo. El resultado es un nuevo retraso en una controversia que empezó a tomar cuerpo hace nueve meses.

Ignacio Prendes, de UPyD, se desmarcó del discurso común y aseguró que ayer no había visto ánimo de zanjar el debate, precisamente por la ausencia en la lista de temas pendientes. Pedirá que se incluya en el orden del día del encuentro del martes que viene, tras el festivo correspondiente al Día de Asturias, trasladado al lunes en el calendario.

Fue Prendes el único de los cinco portavoces sobresaltado por no haber encontrado el debate sobre los sueldos en el orden del día de la reunión, una tarea que corresponde a la presidencia de la Junta General. «Me ha sorprendido que no estuviera, sobre todo porque el 31 de julio dejamos una propuesta», dijo, ahora sí, uniéndose a la corriente común de salvar los muebles.

Los demás también defendieron la propia, sin soluciones ni hoja de ruta para llegar al acuerdo. «La propuesta está sobre la mesa, junto a algunas combinaciones de la misma y estamos a la espera de que ésta, o sus variantes sean digeribles por el conjunto de la Cámara o alcancen una mayoría suficiente», dijo el portavoz socialista, Fernando Lastra, que además añadió sus condiciones: «claridad, objetividad y transparencia», para un acuerdo sobre el que sugiere «que tribute toda la retribución, desaparezca lo que tenga que ver con dietas y que sea verificable, incluido el kilometraje».

En líneas generales, Lastra describió el modelo que quedó pendiente a finales de julio. «Las conversaciones habían dado lugar a una fórmula que habíamos llevado todos. Luego, por algunos detalles, hubo grupos que se desvincularon. Que lo expliquen ellos. Nosotros tenemos una alta disposición para resolver el acuerdo», remató Lastra.

Mientras tanto, los diputados seguirán cobrando por kilómetros que no cubren, recibiendo 933 euros al mes en concepto de manutención y estancia y salvaguardando de impuestos bajo estos epígrafes una parte significativa de su sueldo. Sólo en kilómetros, la Junta abona 171.000 euros al año a sus parlamentarios. Los cobran todos los meses, todos los días, incluido el fin de semana, hayan acudido o no al Parlamento.

El principio de acuerdo del que habla Lastra proponía equiparar los sueldos a los de los directores generales o consejeros del Principado, que todos los ingresos queden sujetos a impuestos y que el cobro por desplazamiento se limite al kilometraje efectivamente cubierto. A esto, UPyD aportó la supresión del dinero para pagar los medios de locomoción.

«Nuestra postura es de sobra conocida. Estamos a la espera de que se reanude el diálogo», dijo la forista Cristina Coto, que mostró su preferencia hacia un acuerdo que implique «a todos los grupos parlamentarios». Foro rechaza «limitar el movimiento de los diputados por Asturias», todo lo contrario que UPyD. El PP, que registró un modelo propio el pasado marzo, también pide «unanimidad». «Abogamos por un Parlamento más pequeño, más ágil, más austero y más transparente», apuntó ayer el popular Fernando Goñi. Un requisito -el del acuerdo total- al que Ignacio Prendes, resta protagonismo. Le parece que está «muy bien» como concepto, «pero no puede ser un obstáculo ni el método elegido para que todo siga igual, porque hay que cambiar muchas cosas». En IU, Ángel González subrayó la necesidad de «dialogar urgentemente con todo el mundo» e, igual que los socialistas, desligó a su grupo de cualquier desavenencia. «Por nuestra parte, no hay ningún inconveniente en que esto se resuelva cuanto antes».

Pese a la manifiesta voluntad común, la reforma sigue en el limbo parlamentario, a la espera de que los portavoces cierren un acuerdo que después deberá obtener el visto bueno de la Mesa.