Los ciudadanos dispondrán de un plazo de un mes para realizar las aportaciones que consideren oportunas a los anteproyectos de las leyes regionales de Transparencia y Buen Gobierno, que el Principado pretende aprobar a principios del próximo año.

El Consejo de Gobierno dio ayer luz verde a los textos de ambas normativas, que en los próximos días serán publicados en el portal de la página web del Principado (www.asturias.es), según avanzó ayer el consejero portavoz, Guillermo Martínez, quien confirmó que esas leyes tendrán un tratamiento individualizado, aunque se había barajado que fueran una sola norma, porque "merecen un tratamiento particular y preferente". Los dos anteproyectos de ley forman parte de la estrategia de refuerzo de los mecanismos de control de la acción de los representantes públicos y de las administraciones anunciada por Javier Fernández en el inicio de su mandato.

Una de las mayores novedades de ambas leyes consistirá en su apertura a la sociedad, de tal forma que todos los ciudadanos que lo deseen podrán realizar sus aportaciones para mejorar el texto de los dos proyectos legislativos. Los ciudadanos contarán con un mes, a partir de la fecha de su divulgación en la web institucional del Principado, para plantear sus iniciativas. Luego los técnicos de la Administración verán el encaje de esas propuestas en el anteproyecto definitivo que el Gobierno remitirá al Parlamento asturiano en los primeros meses del próximo año.

El anteproyecto de la ley de Transparencia alcanzará al Gobierno regional, así como a todos los entes autonómicos y municipales, a la Universidad, a la Junta General del Principado, a la Sindicatura, al Consejo Consultivo y a las fundaciones y las sociedades mercantiles con mayoría pública. Este proyecto prevé la creación de una comisión y de un consejo asesor de transparencia, cuyos integrantes no percibirán retribución adicional alguna. La ley de Buen Gobierno e Incompatibilidades de los Altos Cargos también podrá recibir sugerencias y aportaciones de los ciudadanos. Esta norma, que afecta al presidente regional, a los miembros del Gobierno, a los altos cargos del personal de gabinete del Presidente y de las consejerías, entre otros, incluye un bloque de infracciones que van desde la destitución del cargo público hasta la inhabilitación para desempeñar puestos en la Administración regional durante diez años.