Asturias entrará oficialmente en prórroga presupuestaria el 1 de enero y el Gobierno del Principado mueve sus fichas para "minimizar en todo lo posible el impacto negativo" de la nueva situación, según venía advirtiendo el Ejecutivo durante las negociaciones y como confirman ahora que la prolongación de las cuentas es una realidad. El proyecto de 3.910 millones ya es papel mojado y en la Administración regional manejan tres pilares donde asentarán la inevitable ley de modificación y ampliación del crédito: las políticas sociales, las medidas de protección y fomento del empleo -incluido ahí el apoyo a las pequeñas y medianas empresas- y las inyecciones para inversión municipal son las bases del decreto de prórroga que el Gobierno presentará de forma inmediata.

Tras quedar el Presupuesto roto por la negativa de todas las fuerzas de la oposición, el portavoz socialista en la Junta, Fernando Lastra, advirtió ayer de que "la aprobación de créditos concierne a todos los grupos parlamentarios", a los que llamó a "aportar sus propias posiciones", después de desembocar en esta situación por la ruptura con el PSOE que protagonizaron IU y UPyD. "Establecimos con ellos la prioridad negociadora. En el fracaso, cada uno lleva su parte de responsabilidad".

En el Gobierno, su portavoz, Guillermo Martínez, apeló a la cautela. "Todavía es pronto para avanzar algo sobre los créditos extraordinarios o para dar una fecha concreta", aunque el límite que se marcan está en el primer trimestre. Fue él quien señaló como objetivo la reducción de los daños que pueda causar la prórroga. Una línea muy distinta a la del presidente de Foro, Francisco Álvarez-Cascos, que calificó la situación como "una oportunidad para corregir las graves deficiencias de la política autonómica asturiana".

El presidente del Principado, Javier Fernández, cumple hoy con la reunión semanal del Gobierno. En la Consejería de Hacienda continuaban anoche con la elaboración del decreto de prórroga, un documento donde figuran de forma motivada y también de modo numérico las necesidades y el destino de los créditos. Si el texto quedase cerrado, hoy mismo llegaría a manos del Consejo de Gobierno para su aprobación, aunque también es posible que este último trámite se aplace hasta el lunes.

Al partir la región con unas cuentas idénticas a las del año pasado -3.808 millones- la ampliación de crédito tratará de cubrir las partidas que necesitan recursos añadidos. Dos ejemplos: el salario social saldrá con una dotación de 45 millones de euros, como en 2013. Sin embargo, un crédito extraordinario meses atrás elevó la cantidad a 59. En el proyecto tumbado figuran 68 millones, así que el Principado debe conseguir 23 para cubrir la necesidad. Otro caso sería el de los trabajadores públicos. Para sus nóminas había reservados 1.517 millones en 2013. Algo tan simple como el incremento de unos 500 euros al año por cada trabajador que cumpla un nuevo trienio requerirá una cantidad mayor.