La Fiscalía ha mantenido hoy su petición de condenar a siete años de inhabilitación para cargo público al portavoz de IU en el Parlamento asturiano, Ángel González, por un delito de prevaricación al fraccionar de forma ilegal los contratos para instalar monolitos en las fosas comunes del franquismo. Durante la última sesión de la vista oral que celebra la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), el fiscal, Alejandro Cabaleiro, ha mantenido su petición de condena contra González, así como la de cinco años de inhabilitación para Roberto Moro, secretario general técnico de la Consejería cuando el dirigente de IU era viceconsejero de Bienestar Social.
En su escrito de conclusiones definitivas, el Ministerio Público ha calificado de "barbaridad jurídica" la tramitación realizada con el contrato en el que tanto la Sindicatura como el Tribunal de Cuentas advirtieron indicios de delito al vulnerarse "todos los principios" de la contratación pública. Para el fiscal, fueron "las prisas" derivadas de la cercanía de una convocatoria electoral las que llevaron a tramitar de forma irregular un contrato para señalizar las fosas comunes de las víctimas del franquismo en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, "una decisión legítima y encomiable si se quiere".
En las dos sesiones anteriores, González, que se negó a contestar a las preguntas del fiscal, negó haber intervenido en el sistema de contratación de los monolitos ni haber mantenido una conversación con una funcionaria de la Consejería en la que, según el testimonio de ésta, fue advertido de que el sistema de tramitación que proponía para el contrato suponía incurrir en un fraccionamiento ilegal. Según la Fiscalía, el entonces viceconsejero "antepuso la urgencia en la necesidad de la contratación" al modo de hacerlo y las propias empresas que optaron a la adjudicación admitieron que "jamás" habían concurrido a una licitación "de esa forma".
"No es lo qué se hace sino cómo se hace", ha apuntado el fiscal tras incidir en que González necesitaba los contratos estuvieran adjudicados y se comenzasen a colocar antes de que en marzo de 2011 se convocasen las siguientes elecciones dado que el siguiente Gobierno podía no tener voluntad de desarrollar este programa. Asimismo, se ha preguntado por qué, después de González planteara que se hiciese como un contrato de obra menor -cuyo límite para ser considerado así y tramitarse sin concurrencia ni publicidad es de 50.000 euros-, firmó la resolución para hacerlo en tres contratos de suministro menor, que reduce esa cantidad a 18.000 euros.
Además, ha incidido en que el entonces viceconsejero firmó también la conformidad de las facturas, el trámite final para realizar el pago y que debía significar que se había cumplido el contrato pese a que cuando rubricó este documento y la empresa cobró en diciembre de 2010 "no había ni uno solo hito colocado" y que el primero se ubicó una de las fosas comunes hasta febrero de 2011. Por su parte, la abogada del portavoz de IU, Ana García Boto, que ha solicitado la absolución de su defendido, ha pedido la nulidad de las actuaciones seguidas por el TSJA al considerar vulnerado el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva de González.
Según la letrada, tanto los acusados como los dos funcionarios en cuyo testimonio basa su acusación la Fiscalía deberían haber tenido la misma situación procesal dado que los dos empleados públicos sólo fueron citados como testigos tanto en la instrucción como en la vista oral con lo que su defendido "no ha tenido un juicio justo". González, ha recordado, era un responsable político que no podía saber "si un funcionario odiaba los huesos de los muertos de la República" y ha criticado la "tozuda y arbitraria" actuación de la ex jefa de servicio Mónica M.A., que ha generado un proceso judicial "a partir de la adquisición de unos hitos sin la mayor importancia". Así, ha calificado de "desleal" tanto la actuación de los funcionarios que tramitaron el expediente sin informar por escrito de las supuestas irregularidades y de los sucesivos gobiernos regionales que no presentaron alegaciones a los informes elaborados por la Sindicatura y por el Tribunal de Cuentas.
