Más control y mejor valoración de los casos. Ésos son los principales objetivos que persiguen las medidas acordadas ayer, en la reunión que mantuvieron los ministros de Sanidad, Justicia e Interior -Ana Mato, Alberto Ruiz-Gallardón y Jorge Fernández- en Madrid para mejorar la ley de violencia de género y reforzar la protección de las víctimas. En lo que va de año ya han fallecido a manos de sus parejas o exparejas 21 mujeres en España, una de ellas en Asturias, y hay cuatro casos en estudio. Estas mejoras han sido más que bienvenidas por los organismos judiciales, las asociaciones de mujeres y la Policía asturiana, los principales agentes que intervienen en la identificación y seguimiento de estos casos. "Parece que el Gobierno se empieza a ocupar de la violencia contra la mujer, debería haberlo hecho hace tiempo, pero, bienvenido sea. El repunte de casos de violencia machista deriva de la incorrecta aplicación de la ley orgánica, eso es lo que hay que solventar, implementándola en su totalidad y con un pacto político contundente", apuntaba ayer a LA NUEVA ESPAÑA la directora del Instituto Asturiano de la Mujer, Carmen Sanjurjo.
Entre las medidas destacan los cambios referentes a la valoración de riesgos. Se revisarán las 25 preguntas que conforman el actual test que se les realiza a las mujeres que acude a denunciar a la Comisaría. Se modificarán y se añadirán preguntas nuevas. "Este test es un programa informático, es normal que tenga fallos. Además, sólo se le realiza a la víctima. Esto produce unos errores tremendos, porque la mujer maltratada suele estar inmersa en el círculo de violencia y tiende a minimizar los hechos. Son muchas las mujeres que han muerto y que habían sido valoradas con nivel de riesgo bajo", apuntan fuentes judiciales consultadas por este diario. Por eso, en la reunión de ayer se acordó que la Policía revise cada cuatro meses los casos de violencia sexista en los que no habían apreciado riesgo para comprobar que la situación sigue siendo de baja peligrosidad para la víctima.
Otra de las medidas más aplaudidas ha sido el aumento de las competencias que se les atribuirán a los Juzgados de violencia contra la mujer. Serán los encargados de juzgar los quebrantamientos de penas o los incumplimientos de las medidas cautelares impuestas a los maltratadores. En la actualidad estos juzgados sólo actúan si durante el quebrantamiento se insulta, amenaza o agrede a la víctima. Si esto no ocurre son los Juzgados de primera instancia los que se ocupan del caso. "Aquí se producen disfunciones irreversibles. Es clave que sea el personal especializado y que ha llevado el caso desde el principio el que se ocupe de estos asuntos", resalta Mario Köpke, abogado ovetense especializado en asuntos penales y laborales. "En muchos casos pasa mucho tiempo desde que se incumplen las medidas cautelares y se impone una nueva medida. Esto ocurrió en el caso de la última víctima asturiana por violencia machista. Cuando no se cumple una pena la solución no puede ser imponer trabajos a la comunidad, como ocurre en la actualidad. Eso deja a la víctima en una situación de indefensión tremenda", asegura Carmen Sanjurjo. La directora del Instituto Asturiano de la Mujer también denuncia que "muchos abogados nos han informado de que en los Juzgados no les admiten a trámite denuncias por malos tratos o que si se las admiten no se imponen medidas cautelares. Asturias es, junto a Cataluña, la región en la que más órdenes de protección se deniegan. Es normal que las mujeres dejen de denunciar. Piensan que no vale la pena". Para mejorar la atención que reciben estas mujeres, en la reunión de ayer se aprobó la creación de planes personalizados para su protección, mediante grupos de trabajo multidisciplinares que sepan valorar correctamente los casos.
Desde el Sindicato Unificado de Policía de Asturias (SUP), consideran que aunque todavía es pronto para valorar estas modificaciones "toda mejora es bienvenida, pero hay que tener en cuenta que esto debe implicar también una mejora en la dotación de los servicios que se van a ocupar de ella", aseguran. Este sindicato policial ya denunció la sobrecarga de trabajo de los agentes encargados de estos casos, siendo la situación más alarmante la de Gijón, donde cada policía tiene que ocuparse de entre 60 y 70 casos de violencia machista. "Cuando se aprueben estas medidas tendremos que valorar si existe la estructura suficiente para asumir lo que se nos pide y cómo van a incidir esos cambios en el día a día de los policías", apuntan. Y añaden: "Para que la situación cambie habrá que aumentar el número de profesionales, su formación constante y los recursos materiales disponibles".
Juzgados, Policía e instituciones coinciden en que estas medidas son un paso, pero queda mucho por hacer.
Propuestas
Cambios en el cuestionario policial de valoración del riesgo
Se revisarán las 25 preguntas que conforman este test que se le realiza a cada mujer que acude a denunciar a una Comisaría. Se añadirán preguntas nuevas para identificar cualquier síntoma de vulnerabilidad. El resultado de este cuestionario marca la protección para las víctimas. Además, se revisarán cada cuatro meses los casos.
Ampliación de competencias en los Juzgados de violencia contra la mujer
Serán los encargados de procesar los casos de quebrantamientos de condenas y de medidas cautelares, hasta ahora en manos de los Juzgados de lo penal.
Más presión sobre el maltratador
La Policía aumentará la vigilancia de los maltratadores. Las víctimas tendrán que ser informadas de todos los movimientos de sus agresores. Se aumentará la formación de los profesionales implicados.
