El Gobierno asturiano se ha dirigido a Mariano Rajoy para pedirle que mueva ficha y pueda conocerse la identidad de las personas que se han acogido a la amnistía fiscal, según reveló ayer Javier Fernández en la sesión de control al Ejecutivo tras una pregunta formulada por el portavoz de IU. La fortuna oculta del sindicalista José Ángel Fernández Vila afloró después de regularizar 1,4 millones de euros amparándose en la amnistía fiscal promovida por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en 2012.
Aurelio Martín preguntó al presidente del Principado sobre las medidas adoptadas "para evitar que se produzcan nuevos casos de corrupción en Asturias". Javier Fernández citó, entre otras, la reforma de la ley de la Sindicatura y la petición al Gobierno central de que "afloren, se conozcan las personas que se acogieron a la amnistía fiscal", tras una resolución presentada por IU.
El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha enviado una carta a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la que le pide que realice los trámites necesarios para que puedan divulgarse las identidades de los ciudadanos que se han acogido a la reforma fiscal.
El portavoz de IU aprovechó el "cara a cara" con Javier Fernández para reclamarle la adopción de medidas que pongan coto a la corrupción, una lacra en la que "Asturias no es una excepción", afirmó Aurelio Martín. El presidente del Principado respondió que la transparencia "es un valor democrático en sí mismo, este Gobierno ha dado pasos al divulgar su patrimonio y sus salarios antes que los diputados autonómicos" y destacó el empeño de su Ejecutivo frente a la corrupción. "A estas alturas, se lo digo de verdad, no pongo la mano en el fuego por nadie; ahora, sí la pongo por la actitud del Gobierno ante cualquier caso de corrupción", replicó Fernández, que aprovechó el intercambio con IU para reprochar que "en estos asuntos conviene practicar con el ejemplo" y que el PSOE apartó "en esta Cámara" a un diputado, al que le abrieron juicio oral, cuando "otros no lo hicieron, y el ejemplo es muy importante", en alusión a la diferente respuesta que dio su partido al caso de Francisco González y la que ofreció IU con su anterior portavoz, Ángel González, quien no fue conminado a dejar su escaño hasta que hubo una sentencia condenatoria.
El "careo" entre el presidente de Foro, Francisco Álvarez-Cascos, y Javier Fernández fue uno de los más intensos del pleno, especialmente después de que el líder forista le acusara de "ser el Presidente que más daño está haciendo a la ética política y a la dignidad de las instituciones. Es la antítesis de un gobierno democrático en un sistema parlamentario", dijo tras reprocharle el incumplimiento de las resoluciones aprobadas en la Junta. "Por los gastos e ingresos, algunas no se pueden cumplir", contestó Javier Fernández, quien aseguró que el Gobierno tratará de sacar adelante propuestas aprobadas en el debate sobre el estado de la región, como la relativa al reparto de la publicidad institucional. "Hoy tenemos un ejemplo en el Ayuntamiento de Gijón de cómo se hace esa distribución", replicó Fernández quien puso en evidencia las palabras de Cascos, cargó contra la página web de Foro y le reclamó juego limpio. "Usted hablaba de ética (...) En esa web no hay ni limpieza, ni transparencia, ni verdad. Ahí lo que hay es alguien que amparándose en un seudónimo, y usted lo ampara a su vez a él, sale todos los días por la mañana con una bolsa de basura en la mano para buscar, como si fuera un contenedor, y depositar en la vida de un periodista, de un articulista, de un opinador, de un politólogo, de todos los que no estén de acuerdo con sus opiniones políticas", esgrimió Javier Fernández. "El juego limpio empieza por ahí, usted ha jugado siempre embarrado pero aquí vamos a intentar hacerlo de otra manera. Se que es difícil, después de tantos años, cambiar; pero no hay que desesperar porque con la edad hay muchos tahures que se han reconvertido a crupieres", concluyó el Presidente en la respuesta a Cascos.
La pregunta del PP trató de las escuelas de menores de tres años. Mercedes Fernández reclamó en una primera fase "un precio asequible" para esa enseñanza, que debería llegar a ser gratuita. "Nos pide más esfuerzo cuando el Gobierno de España retira el suyo", replicó el Presidente, interrogado por Ignacio Prendes (UPyD) por el informe de la Sindicatura que cuestiona la actitud parca del Gobierno en la fiscalización del caso Marea. "Si no hay colaboración, la ley de la Sindicatura y el Código penal instan a que se remita a los juzgados. ¿Se hace o no se hace?, planteó Fernández.
