Los ayuntamientos que se han sumado al nuevo programa de contratación "Actívate" (destinado a mayores de 45 años sin formación ni prestaciones) ya han trasladado a la Federación Asturiana de Concejos (FACC) su preocupación ante la posibilidad de que los beneficiarios puedan denunciarles, como ha ocurrido con los planes locales de empleo, para pasar a formar parte de la plantilla municipal o cobrar indemnizaciones. En ambos casos los contratos son temporales por obra y servicio. La Federación de municipios ultima un documento en el que se les indicarán las pautas a seguir para evitar que ambos planes se conviertan en un "coladero" o un castigo para las arcas locales.

El Principado quiere que tanto los 520 parados del nuevo programa "Actívate" como los 707 de la última convocatoria de planes locales de empleo empiecen a trabajar en diciembre. Pero los ayuntamientos temen verse atrapados en una espiral de denuncias y se oponen a las prisas.

El plan "Actívate" va destinado a parados de larga duración, preferentemente mayores de 45 años, que carezcan de formación y que no perciban prestación alguna. Los ayuntamientos deben presentar un proyecto en el que plasmen el personal que van a formar y en qué actividad (rehabilitación de edificios, mantenimiento de jardines, repoblación forestal, etcétera).

Los beneficiarios dedicarán una parte del tiempo a formación, con el objetivo de que cuando finalicen el programa obtengan un certificado de competencias básicas, que les permitan acceder a cursos de formación del desempleo. La otra parte de la jornada será laboral, y se les extenderá un certificado de profesionalidad de grado 1, lo que les habilitará para realizar cursos de formación en el sector en el que hayan hecho el programa. El contrato será de seis meses, a tiempo parcial y por obra y servicio con arreglo al salario mínimo interprofesional.

Los planes locales de empleo van destinados a parados de larga duración y también preferentemente mayores de 45 años, pero el perfil de los beneficiarios es variopinto: desde personas cualificadas hasta gente sin formación y tanto solicitantes de un primer empleo como quienes se han quedado al paro tras una larga trayectoria laboral. Los ayuntamientos aguardan las directrices de la FACC.