Dolores Álvarez Campillo, ex alcaldesa de Llanes y actual diputada regional del PSOE, pidió a los máximos responsables de Aquagest, la empresa sobre la que pivota la "trama del agua", una mejora laboral para su hermana, María Elena Álvarez Campillo, que, además de regentar un establecimiento de turismo rural, también trabajó para esta firma. En una conversación telefónica intervenida en 2012 por el servicio de Vigilancia Aduanera, al hilo de sus investigaciones sobre la derivada asturiana del "caso Pokemon", José Ángel Menéndez, director regional de Aquagest, informa a Henry Liaño, responsable de la zona norte de la empresa, de que la entonces regidora socialista llanisca "llevaba tiempo pidiendo que le ampliaran la jornada laboral a su hermana, que solo estaba contratada por cinco horas", y que, "como están negociando temas de tele-lectura (de contadores) y cosas de éstas lo han hablado y le van a subir la jornada".

Menéndez añade que al día siguiente tiene en Llanes una cena a la que iba a asistir Dolores Campillo y que "aprovecharán para decirle que el tema de la hermana va adelante, a ver si están todos contentos y meten soluciones y tecnología en Llanes". La trama también entendía que María Elena Álvarez Campillo, al estar "bien relacionada con las asociaciones" de turismo rural, podía ser "una buena entrada" para "temas de fosas sépticas y demás".

En otra llamada, también de 2012, Joaquín Fernández, exdirigente del PP de Asturias y "abrelatas" de la trama, informa de un "tinglado" relacionado con la revisión catastral de Llanes a Alexandre Ros Valle, empresario acusado de lograr adjudicaciones de distintas administraciones públicas con sobornos. "Vamos a hacer llegar el dossier a la Alcaldesa (por si esta gente tiene movidas) diciéndole que es una persona vinculada al grupo y de máxima confianza, y que no hay ningún problema en llegar a un acuerdo", dice Fernández en la grabación de Aduanas. Además, añade que "mañana o pasado" llevará la documentación a la Alcaldesa y a la concejala de Hacienda -que es identificada como María Esther Bustillo Palacios, responsable de Contratación Pública- y que "si hay confirmación, le llama la persona de contacto que tiene".

Los agentes tienen pruebas de que hubo un "cambio retributivo" para la hermana de Campillo y de que la trama pagó a Bustillo varias estancias en Barcelona y la invitó a un palco del Bernabeu. Aduanas pide que declaren por estos hechos la actual diputada regional y quien fuera su edil en el Ayuntamiento.