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La Fiscalía no aprecia motivos para acusar a Dolores Campillo por el archivo de multas

La diputada aseguró ante el juez no tener conocimiento de los hechos, por los que sigue siendo investigado el concejal de Llanes Emilio Carrera

25.11.2015 | 03:39
La Fiscalía no aprecia motivos para acusar a Dolores Campillo por el archivo de multas

Después de escucharla declarar, la Fiscalía no encuentra motivos para acusar por prevaricación a la diputada socialista Dolores Álvarez Campillo, que estaba siendo investigada por el supuesto archivo de multas de tráfico en su etapa como alcaldesa de Llanes. La parlamentaria defendió ayer su inocencia ante la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) con un alegato en el que aseguró no haber ordenado quitar las sanciones, ni siquiera haber tenido noticia de la existencia de los expedientes objeto del litigio -supuestamente paralizados en 2013 y 2014- hasta el pasado verano, cuando la Fiscalía le requirió copia de ellos tras la denuncia presentada por el sindicato Usipa.

Poco después de su testimonio, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento provisional de las actuaciones sobre ella, no así de las que se siguen contra el que fuera su teniente de Alcalde, Emilio Carrera, que también declaró ayer y que mantiene su condición de investigado por el caso. Como primera consecuencia del giro que dieron ayer los acontecimientos, una vez que el TSJA dicte el auto correspondiente el caso volverá al juzgado de instrucción de Llanes al no ser el edil aforado, condición que sí concurre en la diputada Álvarez Campillo y que fue la que condujo las actuaciones al TSJA.

Ante el magistrado José Ignacio Pérez Villamil y la fiscal Esperanza González Avella, la parlamentaria declaró que los expedientes sancionadores se tramitaban en el negociado correspondiente y que nadie le preguntó sobre el archivo de multas ni ella dio orden alguna al respecto. Ahora es Emilio Carrera el único querellado investigado por el asunto.

De su etapa llanisca, Álvarez Campillo tiene pendiente la denuncia presentada por el actual equipo de gobierno por presunta prevaricación y malversación de fondos en la supuesta concesión de una ayuda pública a un maltratador condenado. Además, la investigación del "caso Pokémon" pide su declaración como testigo en la "trama del agua".

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