A mediados del año 2017, el Principado espera haber curado a los pacientes más graves de hepatitis C, los que están en los estadios II, III y IV de la enfermedad. En total, hay en Asturias 5.000 personas diagnosticadas de esta dolencia, cuya evolución puede acabar en cirrosis hepática o cáncer de hígado. El nuevo tratamiento antiviral que hay en el mercado tiene una gran efectividad para curar la enfermedad, "a salvo de conocer la evolución de los pacientes en diez o quince años, ya que es un tratamiento novedoso", señaló el consejero de Sanidad, Francisco del Busto. El coste de los tratamientos, sin embargo, es elevado. "En un primer momento, tenían un coste de 60.000 euros por paciente, y tras una negociación, el precio del tratamiento está en 24.000 euros", señaló Del Busto.

Este año, el Principado ha aplicado este tratamiento a 1.100 asturianos que se encontraban en el estadio más avanzado de la enfermedad, el IV. El coste ha sido de 24,2 millones de euros, y para afrontarlo, el Consejo de Gobierno aprobó ayer un proyecto de ley, para acudir a la financiación estatal, un crédito a coste cero y a devolver en diez años, al que pueden acogerse para hacer frente a este gasto las comunidades autónomas que cumplen el objetivo de déficit. El proyecto de ley debe ser ahora aprobado por la Junta General del Principado, en un trámite que se espera acortar lo más posible, para que se apruebe antes de fin de año.

El próximo año, el proyecto de presupuesto regional reserva una partida similar, de algo más de 25 millones de euros, para dar tratamiento a las personas que queden con hepatitis C en fase IV y comenzar a tratar a las de fase III. A mediados de 2017, el Principado espera que ya no haya en Asturias personas en fase avanzada de la enfermedad. Los enfermos en fase I siguen con los tratamientos anteriores, "siguiendo un protocolo establecido por una comisión multidisciplinar. Si los profesionales de esta comisión deciden que cambiar el protocolo, la administración lo asumirá", concluyó Del Busto.

El Principado aprobó además una subvención de 3,8 para salarios de los centros especiales de empleo, que dan trabajo a 1.300 personas con discapacidad.