Lo que empezó siendo una investigación puntual en Ponga por un presunto fraude en el pago de ayudas por daños de la fauna silvestre amenaza con extenderse a toda Asturias. Pero, además, deja en el aire el propio sistema de ayudas que el Principado aplica desde hace 25 años. Un sistema que la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil considera plagado de lagunas y propicio para encubrir fraudes.
Dos guardas rurales del parque natural de Las Ubiñas declararán durante la jornada de hoy en diferentes acuartelamientos de la Guardia Civil en relación con un supuesto fraude masivo en las ayudas autonómicas por daños del lobo. Falsedad en documento público y prevaricación son los dos delitos a los que podrían enfrentarse algunos de los guardas rurales investigados en el caso de que los agentes hallen pruebas de su participación en las irregularidades. Estos dos guardas se unen a los diez del parque natural de Ponga que ya fueron interrogados -dos de ellos en calidad de testigos- el pasado mes de mayo, cuando también prestaron declaración varios ganaderos.
La Guardia Civil sospecha que algunos guardas autonómicos pudieron peritar y certificar indebidamente la muerte de cientos de animales domésticos por ataques de ejemplares silvestres, principalmente de lobos, lo que propició que se aprobaran pagos de hasta 150.000 euros. No obstante, muchos de estos pagos no se realizaron finalmente, al detectar la UCOMA de la Guardia Civil el presunto fraude.
La investigación podría tumbar la fórmula de tasación de daños, tal y como se tramita en Asturias desde los años ochenta. El asunto podría tener consecuencias incalculables, pues en la región se tramitan de 7.000 a 8.000 expedientes por daños de la fauna silvestre cada año.
Los guardas rurales se sienten acosados, "en medio de una guerra" y "presionados" por dos partes en conflicto, los ganaderos y la Administración. "Nos presionan todos, nadie se sienta a hablar y tal parece que llaman a declarar al que pasaba por allí", señaló ayer un guarda del Principado, que lamentó que se esté poniendo en duda el cometido de todo un colectivo que se limita a "hacer su trabajo, examinando los daños y rellenando los informes".
Los guardas creen que los interrogatorios seguirán y podrían extenderse a toda la geografía asturiana, porque los investigadores parecen estar cuestionando el sistema de trabajo que se ha utilizado hasta ahora con el beneplácito de las autoridades autonómicas. "Esto va a acabar tumbando el procedimiento administrativo para el pago de daños de fauna", aventuró un guarda del Principado, quien añadió que está en juego "mucho dinero" y que el Ejecutivo tendrá que decidir si respalda al colectivo o paraliza la inspección de daños.
El presunto fraude masivo se conoció hace dos años, durante una investigación centrada inicialmente en la duplicidad de pagos a ganaderos por daños del lobo (hubo quien cobró tanto del Principado como de su compañía de seguros, pese a que la legislación vigente establece que solo se puede cobrar una vez). La denuncia partió de dos colectivos ecologistas y la Fiscalía abrió una investigación, en el marco de la cual se sitúan las declaraciones de los guardas rurales.
Los agentes de la Guardia Civil, en el transcurso de la denominada "Operación Loki" quedaron "sorprendidos" por las "llamativas" indemnizaciones tramitadas, que en uno de los casos, en Ponga, ascendían a 150.000 euros (no llegaron a pagarse tras paralizarse el expediente como consecuencia de la investigación), y por hechos como que la foto de un animal muerto se atribuyera a distintos daños, separados en el espacio y en el tiempo.
Los investigadores sospechan que en muchos casos no se comprobaba adecuadamente que la autoría del ataque fuera del lobo, que se establecían "interesadamente" los rasgos de los animales atacados (la cuantía de la indemnización varía en función de sus características), e incluso que en algún caso el guarda y el ganadero podrían estar presuntamente "compinchados" para repartirse la compensación.
