La Consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, reclamó ayer en el Parlamento asturiano un nuevo pacto para la financiación de la Ley de Dependencia, que ahora la sustentan fundamentalmente las comunidades autónomas y los usuarios, mientras la aportación del Gobierno central ha quedado reducida a una cantidad mínima tras los ajustes aplicados a raíz de la crisis económica.
Según explicó Varela, respondiendo a preguntas del diputado de Foro Pedro Leal, el coste de la Ley de Dependencia en Asturias asciende a unos 180 millones de euros al año. De esa cuantía global, el Gobierno central aporta 15 millones, la misma cuantía prácticamente que los usuarios. El resto, 150 millones, los aporta el Gobierno regional.
Leal reclamó al Gobierno regional medidas para abordar el envejecimiento de la población en Asturias.
