El Juzgado de lo social número tres de Oviedo ha desestimado la demanda presentada por el exgerente de la Sociedad de Gestión y Promoción del Suelo (Sogepsa), José María Quirós Zarauza, por la que pedía una indemnización de 117.454 euros al estimar que su despido fue "improcedente". La compensación fijada por la Consejería de Infraestructuras ascendió a 17.971 euros más nómina, vacaciones y pagas extras.
La consejera Belén Fernández, presidenta de Sogepsa, decidió el cese alegando una pérdida de confianza en Quirós. Fue después de que se supiera que, bajo su gerencia, la sociedad mixta adjudicó "a dedo" a un alto funcionario un contrato de 90.000 euros para unos cursos de formación, que no está claro ni que llegaran a impartirse, y de que se desvelara que Quirós había incumplido la cláusula de exclusividad de su contrato de 87.407 euros anuales.
En un fallo contra el que cabe recurso, la jueza desmonta los argumentos del exgerente. Así, ante un supuesto "trato desigual" respecto a su antecesor , que sí fue indemnizado a razón de 45 días por año, la magistrada estima que aquel cese se produjo en "un contexto muy diferente al actual, lo que impide que, no siendo parangonables las situaciones, pueda ser apreciada diferencia de trato alguno".
También rechaza la jueza que la relación de Quirós con Sogepsa fuera común y no de alta dirección. Además, tilda de "incierto" que Belén Fernández le "desapoderase poco a poco de sus funciones" cuando fue nombrada presidenta de Sogepsa en 2012. Por el contrario, la magistrada afirma que lo que hizo la Consejera fue "implicarse más en la inspección de los servicios de la empresa y en vigilar el desarrollo de la actividad social". Entre los argumentos para apuntalar la alta dirección, el fallo recoge que fue a Quirós a quien se le encomendó la información para solicitar el preconcurso de acreedores.
El exgerente tampoco ha logrado que la jueza estime la demanda en base al "blindaje" del contrato, ya que, según la tesis de Quirós, Sogepsa no forma parte del sector público. Aunque reconoce un "incumplimiento formal" porque el contrato de Quirós no estuviera en el registro especial del Principado, la jueza cree "innegable" que la sociedad está dentro del sector público.
