El grupo socialista en el Congreso, a través del diputado asturiano Antonio Trevín ha exigido al Gobierno central que arbitre medidas para paliar la situación de desprotección de los pensionistas españoles afectados por el impago de las nóminas de Venezuela. Se trata de un colectivo de unos 10.000 españoles, emigrantes en su día a Venezuela y retornados en las últimas tres décadas. De ellos, cerca de cuatro mil son gallegos o asturianos.
"Lo primero que tenemos que hacer es exigir a Venezuela que cumpla con sus obligaciones, pero ante esta situación, en ocasiones de auténtico desamparo, el Gobierno español tiene que comprometerse", explicó Trevín. Venezuela no paga a los retornados desde hace más de un año, aunque cada mes reconoce la deuda. La Seguridad Social española no tiene conocimiento oficial de los impagos porque Venezuela no ha dado cuenta de esta situación que también afecta a los pensionistas venezolanos en España. "A muchos no les ha quedado otro remedio que retornar porque allí sí cobran la pensión", dijo el diputado asturiano que esta mañana se reunió con algunos de los representantes de la asociación de afectados ASOPEVE.
La proposición no de ley pide que en los casos en que la pensión llegue de dos vías, la venezolana y la española, por haber cotizado en ambos paísees, los titulares mantengan el complemento hasta alcanzar la pensión mínima española. Esos complementos habían desaparecido en muchos casos ante la cuantía oficial de la pensión venezolana, al menos en el papel: los bolívares se quedan en una quinta parte de su valor cuando pasan a euros. Se pide también que los afectados tengan derecho al acceso a la sanidad y los medicamentos, en igualdad de condiciones con cualquier otro jubilado nacional.
El PSOE organizará un próximo encuentro de afectados y en ese escenario se pedirá a las comunidades autónomas que sigan el ejemplo de Asturias y el País Vasco, autonomías que ya tienen sistematizada la ayuda a casos de total precariedad.
En paralelo, el eurodiputado asturiano Jonás Fernández firmó junto a Ramón Jáuregui una carta a la ministra de Asuntos Exteriores de Venezuela, Claudia Salerno, recordándole el convenio de pensiones suscrito por Venezuela y España en 1988. La carta señala que el problema no se limita a España, y que también se ven perjudicados emigrantes retornados italianos y portugueses.
