21 de abril de 2017
21.04.2017

La Fiscalía pide el cierre del Club Models

El Ministerio Público acusa al dueño y al encargado de tener a 32 personas trabajando en el local sin contrato

21.04.2017 | 14:34
La Fiscalía pide el cierre del Club Models

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la clausura de un club de alterne de Siero -y la suspensión de actividades de su sociedad propietaria- durante dos años y penas de prisión para su propietario y encargado por tener a 32 personas trabajando en el local sin estar dadas de alta en la Seguridad Social.

En el momento de los hechos, el representante del Ministerio Público asegura que el acusado era el propietario, administrador y legal representante de una sociedad responsable del establecimiento mercantil Club Models, club de alterne y prostitución situado en el polígono industrial de Granda, Siero, con licencia municipal de apertura para pensión de una estrella, cafetería y sala de fiestas. El segundo imputado era el encargado del club que se ocupaba de la gestión diaria y de su normal funcionamiento.

La Fiscalía sostiene que, el 22 de enero de 2015, en una visita realizada al Club Models por miembros de la Inspección de Trabajo y miembros del Grupo Operativo de Extranjeros de la Policía Nacional, se comprobó que en el establecimiento se encontraban trabajando como camareras de alterne 32 personas que no estaban dadas de alta en la Seguridad Social, de las cuales una de ellas estaba percibiendo la prestación de desempleo y otra carecía de la preceptiva autorización administrativa para trabajar en España. La Inspección de la Seguridad Social manifestó que, en el momento de la inspección, la plantilla de la empresa era de 57 y la empresa en esa fecha solamente tenía dadas de alta en la Seguridad Social como trabajadores en el establecimiento a 25 personas.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores y pide que se condene a cada uno de los acusados a un año y seis meses prisión y multa de nueve meses con cuota de diez euros día, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena privativa de libertad. Además pide que se cierre el local durante dos años.

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