Las denuncias contra los ayuntamientos asturianos por los planes de empleo se están empezando a extender a otras comunidades autónomas, como Cantabria y Castilla-La Mancha, advirtió ayer el presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Ignacio Palacios. De ahí que los municipios incidan en exigir al Ministerio de Trabajo que elabore un contrato específico que evite que los concejos tengan que indemnizar a los beneficiarios de estos programas.
La Federación de Concejos y los 21 ayuntamientos afectados por la sentencia que les obliga a devolver en conjunto 3,5 millones de euros de los planes locales de empleo de 2014 y 2015 utlimaron ayer los preparativos para presentar las alegaciones correspondientes. Los argumentos son comunes, aunque cada consistorio deberá presentar las suyas de manera individual.
Los argumentos son básicamente dos, explicó Palacios, también alcalde de Navia. El primero es que los objetivos de los Planes Locales de Empleo se cumplieron en cuanto al espíritu para el que se pusieron en marcha, con independencia de que haya matices de carácter laboral. El segundo es que, según los ayuntamientos, hay una interpretación errónea de las bases, en las que se dice que se deben devolver las ayudas si se produce un despido improcedente durante el año de contrato, lo que no ocurrió en ningún caso.
Pero los ayuntamientos asturianos quieren ir más allá. "Hay una enorme inseguridad en la contratación de los Planes Locales de Empleo, aunque las medidas que se han adoptado están funcionando. Pero es necesario que el Ministerio de Empleo haga un tipo de contrato específico para este programa. En otras comunidades empieza a haber denuncias, cuando antes sólo las había en Asturias", advirtió Ignacio Palacios.
