Piedras Blancas,

Inés MONTES

El convenio urbanístico que firmarán el Ayuntamiento de Castrillón y la empresa Aldergarten para permutar dos fincas en El Espartal incluye medidas de protección medioambiental para ambos solares y exonera al concejo de cualquier obligación por una futura contaminación de la finca municipal, cercana a las balsas de jarosita de Asturiana de Zinc. El convenio que negoció la alcaldesa, Ángela Vallina (IU), con la empresa en los últimos meses y que apoyan todos los grupos políticos se aprobará en el Pleno a celebrar el próximo lunes.

El documento estipula que «los terrenos propiedad del Ayuntamiento objeto del convenio no están incluidos por parte del Principado en ningún inventario de suelos contaminados, resultando aptos para cualesquiera desarrollos urbanísticos de conformidad a la legislación vigente». Asimismo, se recoge en el convenio que la finca municipal «de resultar contaminada en el futuro, todas las obligaciones serán de cargo de la empresa o del tercero que contaminase o hubiera contaminado, exonerando expresamente al Ayuntamiento». La empresa se compromete «al más estricto cumplimiento de la legislación ambiental» y el compromiso municipal es incluir la finca que recibirá el municipio de Aldergarten en el ámbito del Monumento Natural de El Espartal.

La finca propiedad de Aldergarten que pasará al Ayuntamiento tiene una superficie de 44.111 metros cuadrados y linda al norte con la playa, al sur y oeste con la carretera de Salinas a San Juan y al este con el sistema dunar de El Espartal. El Ayuntamiento cederá a la empresa una parcela de 46.500 metros cuadrados que linda al norte con la carretera de Salinas a San Juan, y al sur, al este y al oeste con el resto del suelo que el Ayuntamiento tiene en la zona. Entre los acuerdos alcanzados por ambas partes y que se incluyen en el convenio está suspender los procesos judiciales que desde hace años mantiene ambas partes.

Las condiciones urbanísticas de la parcela municipal en la que Aldergarten construirá unas 200 viviendas en edificios de entre cuatro y seis altura y un hotel con spa incluye la calificación del suelo como urbano no consolidado en el que se permiten los usos de residencial, garajes y aparcamientos, locales abiertos al público o de trabajo y dotaciones de equipamiento.

La empresa, según el convenio, se compromete a completar el carril bici de la margen izquierda de la carretera de Salinas a San Juan en un tramo de 2,1 kilómetros y con una inversión de 178.500 euros, según el informe técnico que se incluye en el convenio.

El documento incluye también un anexo con los datos a modo de ejemplos para calcular las plusvalías urbanísticas en función del precio de las futuras viviendas. Para una vivienda de dos dormitorios con 63,7 metros cuadrados construidos y 49 metros cuadrados útiles figuran 165.000 euros como precio posible de venta. Una vivienda de tres dormitorios de 97,50 metros cuadrados construidos y 75 metros cuadrados útiles costaría 247.275 euros.

Con el acuerdo alcanzo por el Ayuntamiento y la empresa concluyen trece años de polémica que comenzó en 2000 cuando el Ayuntamiento de Castrillón aprobó el texto refundido de la revisión del Plan general de Ordenación Urbana en el que se calificaba como suelo urbano, edificación abierta III, la finca de El Espartal que linda con la playa. En 2011, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) no dio de paso la calificación urbanística del Ayuntamiento. La empresa recurrió la decisión de la Cuota y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 2005 dio la razón a la constructora. El Principado interpuso entonces recurso de casación y el Tribunal Supremo confirmó en 2008 el fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia. El Principado se retiró entonces de los litigios y dejó fuera del Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA) la polémica finca. Otra sentencia, en este largo proceso judicial, dejó el solar fuera del Monumento Natural de El Espartal.

El convenio que se apruebe el lunes deberá ser ratificado en un plazo máximo de seis meses por la CUOTA, ya que se trata de una modificación del Plan Urbano del concejo.