Cinco meses después de producirse en la fábrica de cinc de San Juan el accidente con mercurio más grave de la historia reciente de España, el Gobierno de la nación cifra en 23 personas el número de afectados que continúan de baja médica y «con procesos abiertos en la actualidad». Para el Gobierno, los intoxicados de Azsa (unos 80, según datos sindicales que refrendan las analíticas realizadas por la empresa) es como si no existieran al no haber sido dados de baja por su mutua. Y de los 46 intoxicados pertenecientes a la plantilla de la subcontrata IMSA (las personas que estuvieron en los alrededores o dentro del recinto donde se produjo la fuga de mercurio), 41 fueron diagnosticados como víctimas «de los efectos tóxicos del mercurio», pues otros cinco, siempre según el Gobierno, «tuvieron otros diagnósticos». Finalmente, de los 41 «positivos en mercurio», 23 casos siguen abiertos en la actualidad -esto es, de baja médica- «sin que exista fecha de alta». El resto, «son procesos que finalizaron por alta médica emitida por la entidad colaboradora (mutua) Fremap».

Todo lo anterior consta por escrito en la última respuesta que facilitó el Gobierno al diputado asturiano por IU, Gaspar Llamazares, que periódicamente y desde que estalló la crisis del mercurio en Azsa interroga al Ejecutivo por el estado de la investigación, la salud de los trabajadores intoxicados y las medidas que tiene previsto tomar la Administración tanto para proteger la salud de los afectados como para evitar que se repita este tipo de sucesos.

El Gobierno dice más aún, pues al hilo de las altas médicas dadas por la mutua a los empleados de IMSA, destaca que «solamente en el caso de tres procesos finalizados por alta (de un total de 18) se ha instado por parte de los interesados la revisión de las misma, finalizándose dos de esos procedimientos mediante la confirmación del alta emitida en su día». En realidad, y según ha podido saber este diario, la confirmación del alta se produjo en los tres casos, pero cuando el Gobierno respondió a Llamazares aún no se había resuelto el tercero de los casos.

Desde el Gobierno se recalca que «en los procesos en los que se confirmó al alta por parte de la mutua, el informe médico correspondiente se ha ajustado a los parámetros de calidad requeridos para tal documento y, además, no se ha observado particularidad alguna reseñable. Tal extremo se puede constatar con el número de reclamaciones por parte de los trabajadores, que como se ha expuesto ha sido escasa».

Gaspar Llamazares calificó como «escandalosa» esta respuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre el escape de mercurio de AZSA pues «demuestra, una vez más en el asunto del empleo, y también en el ámbito de la seguridad en el trabajo, que el Ministerio es un "pollo sin cabeza", es decir que no tiene conocimiento ni orientación».