La crisis del mercurio se cierra esta semana. Más de un año después del envenenamiento masivo por metales pesados de 47 extrabajadores de la empresa Ingeniería Montajes del Norte (IMSA), el conflicto abandonará la vía penal abierta en diciembre de 2012, cuando el Hospital San Agustín atendió a los primeros accidentados y dio cuenta del accidente al juzgado del guardia. Según ha sabido este periódico, las partes implicadas cerraron ayer las negociaciones abiertas a mediados del pasado diciembre, tras una huelga de hambre de 14 días mantenida por la dirección de la Asociación Asturiana de Intoxicados por Metales Pesados en las puertas de la fábrica de cinc de la empresa Asturiana de Zinc, escenario del accidente calificado de "muy grave" por el inspector de trabajo Alberto Paramio.

Los representantes legales de la empresa fundidora y los de los afectados tienen previsto firmar en las próximas horas un acuerdo legal que desarma la vía penal de investigación abierta a principios de diciembre del año 2012. Este acuerdo supone, entre otras cosas, que la empresa del grupo Glencore Xstrata International desbloqueará el pago del 50 por ciento los recargos de prestaciones a los empleados accidentados y que se hará cargo de la atención médica precisa por los extrabajadores (en Barcelona y Valladolid). Además, se abre la posibilidad de que los afectados vuelvan a trabajar para IMSA y en las instalaciones de Azsa. Este punto, sin embargo, no ha sido confirmado ni por la empresa -que se limita oficialmente a decir que "continúan desarrollándose las negociaciones- ni por parte de IMSA. La auxiliar está a la espera de que se materialice el acuerdo entre las partes, es decir, entre los afectados y Azsa.

El sindicato Comisiones Obreras (CC OO) anunció asimismo que retirará la demanda penal contra la fundidora "si es que es eso lo que pactan los trabajadores envenenados". CC OO es el único sindicato personado en la causa. "Nuestro trabajo está hecho: la empresa Azsa ha cambiado los protocolos de seguridad laboral, de vigilancia, de custodia de los residuos...", señaló Javier Vázquez, de la Federación de Industria de CC OO. El Instituto Nacional de Seguridad Social tiene que calcular las indemnizaciones que recibirán los afectados. Estos anuncian denuncias contra Sanidad, el Colegio de Médicos y Fremap.