El Tribunal de Cuentas sigue con su punto de mira en la adjudicación de la obra del segundo parking de la instalación, anexo a la calle Rubén Darío, que realizó el gobierno de PSOE-IU en 2008, cuando era alcalde José Luis Vega. "Queremos aclarar las dudas que tiene el Tribunal sobre la construcción de los dos aparcamientos de la instalación. En su investigación hay una confusión entre los dos parkings, el segundo no estaba recogido en el contrato inicial y, por tanto, es una obra complementaria, en contra de lo que dice la Intervención del Estado", explicó ayer el actual regidor, Iván Fernández.
Para exponer esas aclaraciones, el gobierno ha recurrido la resolución de la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, que recibió el Ayuntamiento el pasado 3 de mayo y que ayer explicó el Alcalde. El Tribunal ha decidido no archivar parte de las presuntas irregularidades contables detectadas por un informe de la Intervención del Estado en el contrato de la obra de la instalación deportiva corverana. El organismo desoye así la solicitud que el Ayuntamiento de Corvera realizó en diciembre del año pasado para que se archivaran.
El Tribunal propone ahora llevar al siguiente paso, "el nombramiento de un delegado instructor para la práctica de las diligencias" dos investigaciones: la de la adjudicación de "la redacción del proyecto de la piscina" que se "realizó sin motivación aparente en favor de la oferta más cara" y la de la adjudicación de la obra del segundo parking de la piscina, como obra complementaria, a la misma empresa que realizó la principal.
En el segundo caso, el que afecta al gobierno de PSOE-IU, el interventor del Estado defiende que la obra no es complementaria y que por lo tanto tendría que haberse licitado de forma independiente. "Ahí está la confusión. El contrato inicial, realizado por el gobierno de USPC, recoge la construcción del aparcamiento principal. Al entrar el gobierno PSOE-IU observamos que había una zona cerrada que no iba a tener uso y los informes jurídicos, económicos y de la arquitecta eran positivos", sostiene el Alcalde, entonces edil de Hacienda.
Al tratarse como una obra complementaria, se adjudica directamente a la empresa encargada de la obra principal. Según el informe de Intervención del estado: "no puede admitirse que tenga su origen en ninguna circunstancia imprevista y no se pueden considerar como necesaria para ejecutar la obra principal", dos características que deben cumplir la obra para ser complementaria. "Si es una obra necesaria, ya que según el informe de la arquitecta son actuaciones necesarias para la seguridad de los usuarios y para la integración del edificio en su entorno", defiende Fernández.
En relación al segundo aparcamiento, se recoge además la posible irregularidad al adjudicar un contrato de asistencia técnica sobre la situación de la construcción, por valor de 5.120 euros, que la Intervención tilda de innecesario. "Lo solicité yo como edil y fue porque cuando accedimos al gobierno el responsable municipal de la obra estaba de baja", explica Fernández.
El Tribunal sí ha archivado dos de las presuntas irregularidades estudiadas. Por un lado, las deficiencias en el contrato menor para los pliegos que habían de regular la adjudicación del complejo deportivo y, por otro, la posible vulneración de las normas de contratación del equipamiento deportivo. Ambos movimientos, además del de la adjudicación del proyecto cuya investigación sigue adelante, fueron ejecutados durante el gobierno de USPC.
