La empresa adjudicataria del servicio municipal de aguas, Aqualia, ha apelado la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Oviedo del pasado mes de julio que desestimó la reclamación de la compañía al Ayuntamiento de Castrillón por desequilibrio económico y que pedía una indemnización de 3,7 millones de euros.

"La apelación de la sentencia por parte de Aqualia lo esperábamos. Ahora confiamos en que en unos seis meses se resuelva definitivamente el asunto", señaló ayer la alcaldesa, Yasmina Triguero.

La empresa reclamó más de 2,2 millones de euros y los intereses legales, como compensación del desequilibrio económico debido al sobrecoste de la compra del agua a terceros, la paralización del plan de inversiones y el rendimiento de la red. Otros 186.000 euros por el coste de la energía eléctrica y 1,2 millones por errores de cuantificación de la facturación en el contrato al producirse un incremento de usuarios menor del esperado. Todo ello entre 2007, cuando se hizo cargo del contrato y 2013.

En la sentencia apelada, el juez desestimó el recurso de Aqualia contra el acuerdo plenario de 30 de abril de 2015 por el que se acordó desestimar la solicitud de restablecimiento del equilibrio económico "por la conformidad a derecho del acto administrativo impugnado". "Desde IU defendemos los intereses de los vecinos ya que las tarifas del agua no se van a incrementar. Además, el juez dice que las inversiones se realizaron y aún quedan otros 5 millones que Aqualia tiene que invertir en mejoras en la red de aguas del concejo", dijo Triguero.

La privatización del agua en Castrillón ha estado rodeada de polémica desde que en 2006 el entonces gobierno local del PP presidido por José María León Pérez, tomara la decisión de dar a una empresa privada la gestión del servicio. IU recurrió la adjudicación y el juez tardó tres años en emitir el fallo favorable a la coalición. El contrato se volvió a adjudicar a Aqualia. La empresa comenzó a gestionar el servicio municipal de aguas el 1 de enero de 2007, la concesión se adjudicó por 25 años, un canon de tres millones de euros y 8 millones en inversiones.