La intoxicación por mercurio de 49 trabajadores en las instalaciones de Asturiana de Zinc (Azsa) a finales del año 2012 se produjo porque "el riesgo de exposición no fue correctamente evaluado" por el jefe del departamento de tostación de la empresa propiedad del gigante anglosuizo Glencore y porque el responsable de prevención de riesgos de Ingeniería Montajes del Norte (Imsa), la compañía auxiliar que habían subcontratado y "que debía revisar y completar los riesgos", no reclamó más información, según se puede leer en el acuerdo hecho público ayer por la Fiscalía. Cada uno de ellos han aceptado penas de nueve meses de cárcel como autores de un delito contra la vida y la salud de los trabajadores. Pese a ello, no entrarán en prisión. Los días de cárcel los han sustituido por una multa de seis euros al día.

La empresa Asturiana de Zinc optó por no valorar el acuerdo entre los responsables del accidente y la Fiscalía. La Asociación Asturiana de Intoxicados por Metales Pesados -que agrupa a buena parte de los heridos en el accidente de 2012- calificó el acuerdo de "injusto y ridículo". Dorinda Martínez, la portavoz del colectivo, aseguró: "Con nueve meses de cárcel no se pagan daños físicos, neurológicos y psiquiátricos". Javier Vázquez, secretario de Riesgos Laborales y Medio Ambiente de CC OO de Industria, mostró su extrañeza de que el director de la planta de San Juan de Nieva "se haya salido de rositas, más que nada porque era él el responsable último de la seguridad laboral de sus empleados y de los la subcontrata". CC OO fue uno de los sindicatos más implicados en la resolución de uno de los accidentes laborales más graves de las últimas décadas. "Finalmente, nos han dado la razón en lo que veníamos diciendo desde el principio: que se había producido un desatino en materia de prevención de riesgos laborales", apostilló Vázquez.

La intoxicación por mercurio se produjo durante la segunda quincena de noviembre de 2012, cuando se realizaban trabajos de reentubado en los intercambiadores de calor III-A y IV de la planta de tostación Número 4 de la empresa Asturiana de Zinc. Sin embargo, no fue hasta el día 2 de diciembre posterior en que fue diagnosticada por los médicos de urgencias del Hospital San Agustín.

Según se recoge en el acuerdo, el jefe del departamento de tostación "era el responsable último de las tareas de reparación" y, como tal, debía "transmitir la información completa y exhaustiva de actividades y riesgos". Pues no lo hizo. La Fiscalía señala que en el Informe Básico de Obra (documento previo a la realización de un trabajo) recogía "el riesgo de exposición a sustancias nocivas o tóxicas, con particular referencia al óxido de azufre y dióxido de azufre, si bien sin referencia expresa al mercurio". El delegado que envió Imsa, según el mismo relato, "consideró suficiente" la información que le había facilitado el jefe de tostación y con ella elaboró el Procedimiento Seguro de Trabajo. Como consecuencia de esta "falta de suministro de información" los empleados de Imsa trabajaron en un ambiente peligroso: se emplearon extractores, no se efectuó medición previa de mercurio, la formación impartida a los trabajadores "fue insuficiente", no se pusieron prendas especiales a disposición de los trabajadores y se produjeron "deficientes condiciones de limpieza y hábitos higiénicos incorrectos". Todo esto provocó que "al menos cinco trabajadores" tengan "secuelas psiquiátricas, parestesias, disestesias o síndromes parkinsonianos que les producen una grave patología".

En el acuerdo también se recoge que "el principal objetivo de Azsa, sus directivos y empleados (...) ha sido y es el de deplegar todos los esfuerzos para que el estado de los trabajadores mejorase y pudiera ser objetivado a la mayor brevedad posible para su debida compensación, incluso sin necesidad de esperar el resultado del este procedimiento ni de ningún otro". Javier Vázquez, de CC OO, considera que lo que sucedió en Asturiana de Zinc "marca una línea de no retorno, de cómo no se deben hacer las cosas". Aseguró, además, "estar seguro" que el resto de la empresas "habrán tomado buena nota de lo que pasó con el fin de que no vuelva a pasar nunca más". Tras el accidente cambió radicalmente la política de prevención de riesgos laborales en Azsa "lástima que haya sido a costa de ellos", se lamentó Vázquez. El diputado Gaspar Llamazares, que llevó el accidente al Congreso, pidió ayer al Gobierno asturiano "que asuma sus competencias en materia de salud laboral tanto en el seguimiento de los afectados como en medidas preventivas".