Los cuatro delegados sindicales de CC OO que representan a la treintena de trabajadores de Montrasa Maessa despedidos hace dos años cuando la empresa renunció al contrato que le daba trabajo en Alcoa han pedido al juez que dicte medidas cautelares que les permitan mantener la representatividad de la plantilla pese al hecho de haber sido despedidos por causas "disciplinarias" tras haber sido objeto de readmisión en los términos que ordenó el juez que declaró nulo el primer despido colectivo.
Según los promotores de la petición de medidas cautelares, su deseo de mantener la representatividad sindical pese a su condición de despedidos es "poder ejercer la defensa de los derechos de la plantilla" en relación al expediente de regulación de empleo (ERE) que ahora mismo amenaza el futuro laboral del colectivo. La condición de sindicalistas de los cuatro despedidos y su conocida resistencia que los 34 de Montrasa acaben en la calle hace pensar a los afectados que son víctimas de una "represalia empresarial de libro".
