El Ayuntamiento de Mieres renunciará a poner en marcha el nuevo su plan de empleo si el convenio para su desarrollo "no ofrece garantías legales". Así lo adelantó ayer el concejal de Empleo, Juan Ponte (IU), que remarcó que el gobierno local "no puede incurrir en un fraude de ley". Los responsables municipales apuestan por este programa público, pero consideran que debe adaptarse a las necesidades de la administración local para no convertirse en una pesada carga.
El documento elaborado por la Federación Asturiana de Concejos (FACC) para el desarrollo de los nuevos planes de empleo tras la ola de denuncias que generó el anterior no convence a los ayuntamientos de las Cuencas, al menos, a los dos más representativos. El gobierno de Langreo señaló el lunes que no ve claras las cláusulas de la FACC para evitar las citadas denuncias judiciales y, además, ha pedido condiciones laborales "dignas" para los trabajadores. En Mieres, donde también gobierna IU, el planteamiento es casi idéntico: "Hemos iniciado la tramitación del borrados del plan de empleo, pero no seguiremos adelante en la actual situación", apuntó Ponte. No es una amenaza, más bien es un ruego a sindicatos y Principado para que consigan un enfoque adecuado para el programa.
La FACC recomendó a los ayuntamientos que en los contratos por obra y servicio especifiquen detalladamente las tareas que desarrollará cada trabajador y que incluyan cláusulas en las que figure que se acogen a planes del Servicio Público de Empleo y que no han participado en el diseño de estas políticas. Considera que así los ayuntamientos eluden responsabilidades si los beneficiarios los demandan en los tribunales para entrar en la plantilla municipal o cobrar indemnización, como está ocurriendo en varios consistorios.
La reclamaciones
En el caso de Mieres, más de la mitad de los trabajadores del anterior plan de empleo han reclamado vía judicial su reincorporación al Ayuntamiento. El Consistorio de Mieres inició hace poco más de un año el proceso de selección del personal del plan de empleo local. Sólo 33 de los 2.315 aspirantes lograron el ansiado contrato. Estuvieron trabajando para el Ayuntamiento gracias a una subvención del Principado, durante doce meses. Finalmente, como establecía el programa, el contrato expiró y ahora deberá abrirse un nuevo proceso para abordar nuevas contrataciones. Sin embargo, unos quince trabajadores que ya han cesado su relación contractual con el consistorio reclaman su reincorporación. Alegan ser víctimas de un despido improcedente. Piden ser indemnizados o contratados como personal laboral ya bajo la cobertura del convenio colectivo del Ayuntamiento. Es decir, solicitan ser personal fijo. El gobierno local está a la espera de acontecimientos. De momento se ha congelado la tramitación del nuevo programa público, decisión que puede ser definitiva si no hay garantías de que el problema está solucionado.
El problema con los planes de empleo surgió con la desaparición del contrato de inserción en 2006, que se sustituyó por el temporal de obra y servicio. Esto permitió que decenas de trabajadores incluidos en esos programas denunciasen al concluir el contrato alegando que habían realizado tareas de personal de estructura de los ayuntamientos. Ahora, como demuestran Mieres y Langreo, los ayuntamientos andan con pies de plomo.
