Los informes emitidos por los servicios del 112 Asturias y corroborados por técnicos municipales tras los argayos del monte Fuxa en la zona de la calle Astilleros el 17 de marzo de 2013 determinaron la necesidad de cerrar el paseo marítimo. Ante esta realidad, ¿quién sería el irresponsable que mirara para otro lado, dejara el paseo abierto y no tomara las medidas oportunas para dar una solución? Desde ese momento, la apertura total del paseo ha sido prioritaria para el Ayuntamiento, pero bajo ningún concepto se podía poner en peligro la seguridad de las personas.

Sin perjuicio de lo dicho, es evidente que un año en estas condiciones es un lapso excesivo, sólo admisible si se conocen bien los detalles de los hechos que lo propiciaron.

Hay que recordar que, desde tiempo inmemorial, se vienen produciendo desprendimientos en la ladera del monte Fuxa sin afectar al vial público. Y que a raíz de estos deslizamientos desde el año 2000 se entablaron varios contenciosos judiciales entre empresas y particulares. El Ayuntamiento siempre estuvo al margen de estos litigios.

Cuando el 17 de marzo de 2013 una vivienda se vio afectada por el argayo, el gobierno local actuó en el único sentido que cabe: la protección de personas y los bienes públicos, siempre al amparo de los preceptivos informes técnicos. Dos meses después se registraron nuevos derrumbes que afectaron directamente al vial público y a la seguridad de los usuarios del paseo.

En todo momento colaboramos con lealtad y transparencia intercambiando información con la familia. Tratamos de buscar soluciones conjuntas con los afectados. Sin embargo, en agosto de 2013 se produjo un cambio radical en la actitud de la propiedad de la vivienda. Un mes más tarde, el Ayuntamiento descubrió que nos habían ocultado una información determinante para llevar a cabo un proyecto de intervención coordinada en toda la zona afectada, con la única finalidad de que el Consistorio corriera con todos los gastos. Podría haberse actuado con precipitación, como otros pretendían, y cargar al erario público con las obligaciones de terceros (particulares y empresas), seguramente hubiera sido lo más cómodo para mí, pero se optó por trabajar y actuar cuando se conociera lo que se debía hacer. Así nos pasaron casi 7 meses. ¿Estarían el PP y sus palmeros dispuestos a asumir actuaciones en espacios privados con cargo al presupuesto municipal?

Tras no pocas dificultades, el pasado mes de septiembre, conocidas ya las responsabilidades reales existentes y con el criterio de los servicios jurídicos municipales sobre la mesa, por fin pudimos planificar las actuaciones a emprender. Y con la mayor diligencia posible, el Ayuntamiento recabó los recursos económicos necesarios. Contratamos el apoyo técnico necesario para emprender las obras de estabilización de la zona cuyos desprendimientos habían afectado al vial público. Previamente tuvimos que gestionar las autorizaciones ante diferentes administraciones autonómica y estatal. La obra comenzó el 24 de marzo de 2014, momento en que se abrió parcialmente el tráfico rodado (un carril con regulación semafórica que permita la circulación en ambos sentidos), estimándose la terminación de la misma, según proyecto, en un plazo de tres meses.

De lo dicho se puede deducir que del año transcurrido desde el cierre del paseo, 7 meses se debieron a las dificultades jurídicas y pleitos entre empresas y particulares y a las maniobras realizadas para que este Ayuntamiento cargase con unas responsabilidades que le eran ajenas y 5 meses a los trabajos reales para afrontar la obra.

Con los trabajos que ahora se ponen en marcha esta Alcaldía sí tiene garantías para abrir el paseo al tráfico rodado: dan estabilidad a la ladera y amplían el perímetro de seguridad, liberando espacio para el tráfico rodado.

Nadie podía ofrecer esta garantía hace unos meses. Sin ella, ¿quién habría sido capaz de poner en riesgo la seguridad de las personas? Yo no.

Y si hubiera habido que lamentar algún daño irreparable, ¿cuál habría sido la actitud de la oposición?