Madrid / Langreo, P. C.
Greenpeace afirma que el Gobierno español apoya la captura y almacenamiento de CO2 porque no quiere «desagradar» a las grandes empresas del carbón, y denuncia que haya seleccionado ya once posibles grandes emplazamientos para depositar el CO2, algunos cercanos a lugares tan «emblemáticos» como las lagunas de Ruidera y las costas frente a Doñana.
Se trata de reservas de territorio, entre 500 y 900 kilómetros cuadrados, para su posterior estudio, ubicados en las comunidades de Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía.
En el caso del Principado, según Greenpeace, son posibles candidatos a servir de almacenamiento de dióxido de carbono los municipios de Avilés, Belmonte de Miranda, Cangas de Onís, Gijón, Grado, Langreo, Mieres, Nava, Oviedo, Pravia, Ribadesella, Salas, Tineo y Villaviciosa. El Ministerio de Industria delimitó dos grandes áreas en Asturias, una en el litoral y otra en la zona interior del centro de la región.
Según el informe de Greenpeace, el almacenamiento subterráneo de CO2 «es arriesgado» porque no se puede garantizar el confinamiento seguro y permanente y las fugas podrían minar los esfuerzos para mitigar el cambio climático. Además la organización ecologista internacional señala que esa tecnología «entraña riesgos significativos en materia de responsabilidad civil» al representar, a su juicio, una amenaza para la salud, los ecosistemas y el clima, sin despejar quién sería responsable de los posibles daños.
