Los empresarios renunciaron a 54 proyectos financiados con fondos mineros por la crisis

Las empresas renunciaron el pasado año, en plena crisis, a más de 62 millones de euros de fondos mineros. El Ministerio de Industria repartió en 2009 un total 99,8 millones en ayudas empresariales dentro del Plan de la Minería, a pesar de que inicialmente había concedido 161,9 millones. Más de medio centenar de empresas, entre ellas siete de las comarcas del Nalón y el Caudal, dejaron escapar las subvenciones al no materializar sus proyectos industriales. Más del 38% de los fondos quedaron en las arcas del Estado.

El «Boletín Oficial del Estado» (BOE) publicó esta semana la relación definitiva de empresas beneficiadas por las ayudas de la convocatoria de 2008 y el importe concedido a cada una de ellas durante 2009. El listado es sensiblemente menor al aprobado inicialmente por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, dependiente del Ministerio de Industria, en el que se incluía un total de 239 empresas con una inversión comprometida de más de 1.000 millones que iban a recibir unas ayudas de 161 millones. La relación definitiva incluye 185 empresas, 54 menos, que se repartirán 99,8 millones de euros en ayudas, 62 millones menos de los previstos. Y ello a pesar de que en el último listado se incluyeron finalmente ayudas correspondientes a años anteriores.

Entre el más de medio centenar de empresas que han renunciado a las ayudas de fondos mineros en 2009 al no desarrollar sus proyectos se incluyen siete de los valles del Nalón y el Caudal. Destaca la empresa New Coated Steel, que tenía asignada una ayuda de 1,8 millones para poner en marcha una planta en Lena con una inversión de 6,8 millones y la creación de 18 empleos. El resto de empresas de las Cuencas que renunciaron a las ayudas fueron Construform Madrid, que había obtenido una subvención de 170.212 euros para invertir en Morcín 810.537 euros y crear diez empleos; Ferrallas Valdés, con 330.000 euros para invertir en Morcín 1.572.687 y crear tres empleos; Tecnologías en Sistemas de Elevación y Transporte, con 544.899 euros para invertir en Morcín 1.378.719 y crear 15 empleos; María Magdalena Menéndez Presti, con 133.580 euros para invertir en Mieres 445.267 y crear cinco empleos; Centro de Educación Medioambiental y Recuperación de Usos y Costumbres L'Espantapáxaros, con 36.155 euros para invertir 120.517 euros en Laviana y generar tres empleos, y Noguera Maquinaria, con 115.933 euros para invertir en Lena 579.666 euros y crear cuatro empleos.

Según señaló el Gobierno central en respuesta a una pregunta sobre las ayudas de fondos mineros presentada en el Congreso por el diputado socialista asturiano Álvaro Cuesta, «el porcentaje de renuncias registradas ha sido aproximadamente de entre el 35 y 40 por ciento». Desde el Gobierno se apuntó además que ese porcentaje de rechazo de subvenciones «es ligeramente superior al que se ha venido registrando en años anteriores en los que se situaba en el entorno del 25 y 30 por ciento». La crisis ha incrementado el número de renuncias a las ayudas, pero también está dificultando la ejecución de los proyectos que salen adelante y el cumplimiento de los compromisos de inversión y generación de nuevos puestos de trabajo. Según destaca el Gobierno, «durante el ejercicio económico de 2008, las empresas beneficiadas de ayudas han venido cumpliendo sus compromisos de creación de empleo en la forma prevista en la concesión de sus ayudas, si bien es preciso señalar que a finales de dicho año, y durante los tres primeros trimestres de 2009, se están produciendo solicitudes de ampliación de los plazos establecidos, tanto para la realización de la inversión como para la creación y mantenimiento del empleo comprometido, con el objeto de asegurar el correcto cumplimiento de los compromisos asumidos con la aceptación de las subvenciones y evitar una posible reducción de las ayudas máximas aprobadas».

Ya el pasado año, «y a la vista del contexto de crisis económica global», Industria aprobó una modificación para facilitar a los promotores el desarrollo de sus proyectos. La medida más importante liberaba a los beneficiarios de las ayudas de la obligación de prestar las garantías bancarias que hasta ese momento se exigían para asegurar el mantenimiento de los puestos de trabajo creados durante un período mínimo de tres años.