La presión que una parte importante de la plantilla de trabajadores del Ayuntamiento de Mieres está ejerciendo para lograr la reducción de la duración de la jornada laboral hasta las 35 horas semanales no sólo la está sufriendo el gobierno local de IU. El presidente del comité de empresa, Fabián Álvarez (UGT), tiene previsto presentar hoy la dimisión tras lo sucedido en la tensa asamblea de trabajadores que se celebró la pasada semana. El dirigente sindical, según ha podido saber este diario, siente que el principal órgano de representación fue "desautorizado" en la citada reunión .
La crisis interna surgida a raíz de que un grupo de funcionarios irrumpiera en una reunión del comité de empresa con el concejal de Personal para intentar forzar, casi a las bravas, un acuerdo sobre la reducción de la jornada ha puesto al Ayuntamiento en un estado general de irritación. Nadie está contento y todos están molestos con todos. El edil que lleva la negociación, Miguel Martínez, ya ha comunicado a nivel interno su intención de dejar el cargo, aunque de momento su decisión no es formal. El que sí ha dicho que se marcha de manera inmediata es el presidente del comité de empresa. Fabián Álvarez prefirió ayer no hacer declaraciones a este diario sobre su decisión, que pone fin a siete años al frente de la representación laboral. Ahora bien, sus allegados señalan que está muy decepcionado con lo sucedido en la asamblea del jueves. Entiende que un grupo de trabajadores se atribuyó cometidos que no les correspondían, hurtando al comité de empresa sus funciones como institución mediadora.
Cuatro hechos son claves para entender la actual situación. Uno: el gobierno local se niega a reducir la jornada de 37,5 horas semanas. Sus motivos son de peso. Sería ilegal y, además, hay un sentencia judicial concreta que lo dictamina. Dos: la Policía Local ha logrado alcanzar un acuerdo para organizar el servicio atendiendo a la ley, pero parte de la plantilla entiende que están recibiendo "trato de favor". Tres: mientras el comité de empresa intentaba apurar las posibilidades de acuerdo, un grupo de trabajadores, la mayoría pertenecientes a lo que popularmente se denomina la Casona, es decir, los que trabajan en las dependencias del propio consistorio, irrumpieron en la sala de reuniones para reprender al concejal exigiendo, airadamente, las 35 horas semanales. Cuatro: tras el incidente, el comité de empresa convocó una asamblea general. El citado grupo de trabajadores, con dos funcionarias al frente, impulsó la firma de un documento que pretenden trasladar al alcalde, Aníbal Vázquez, para que asuma en persona la fallida negociación. Mientras tanto, estos trabajadores acordaron que serán insumisos en lo que al cumplimiento de la jornada de 37,5 horas semanales se refiere. La medida no encontró el respaldo del comité de empresa y, como resultado, su presidente deja el cargo.
