El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio reclamará al Consejo de Gobierno del Principado que anule el acuerdo que fijaba el deslinde con el concejo de Langreo. Este requerimiento será ratificado hoy en la sesión plenaria después de que la comisión municipal de deslinde diese el visto bueno, por unanimidad, a la interposición de un recurso administrativo. La tesis defendida por el Consistorio en el conflicto territorial con Langreo no ha sido refrendada por el Principado, que se basó en el deslinde practicado en 1889, en línea con lo expresado por el Ayuntamiento de Langreo y el Instituto Geográfico Nacional (IGN).
Con este requerimiento se agota la vía administrativa, de forma que si la respuesta del Principado no satisface al Consistorio sólo le quedaría recurrir a los juzgados. El Ayuntamiento de Langreo, que apoya el deslinde propuesto por la administración regional, también tratará en el pleno que celebra esta tarde el reconocimiento de la línea que divide ambos concejos. Aunque en este caso sólo se dará cuenta del acuerdo.
San Martín apoyó la línea establecida en 1918. Langreo se basó al igual que el Instituto Geográfico Nacional en el deslinde entre los dos concejos practicado en 1889. Su tesis era coincidente en gran parte del trazado ya desde el principio y al final apoyó la propuesta presentada. El Principado decidió también que las actas válidas son las de ese año, dando por tanto la razón al IGN y a Langreo. Expone en la resolución que son los "documentos más antiguos, de entre los existentes conocidos, que reflejan una operación realizada de conformidad con los concejos interesados".
La línea trazada en 1918, señala el Principado, "no sólo no fue practicada de común acuerdo entre los ayuntamientos, además, es posterior en el tiempo". El documento refleja que los pueblos ubicados en el área de conflicto (El Carbayal y Foyeo) seguirán siendo langreanos. El litigio se centró en una superficie de 306 hectáreas.
Sólo el Ayuntamiento de San Martín presentó alegaciones contra el informe del IGN. Es un documento no vinculante ya que la decisión final corresponde al Gobierno regional. Los dos municipios recurrieron en el año 2012 al organismo que depende del Gobierno central ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo.
