Lo ocurrido esta semana con la votación sobre la dirección que debería tomar la política energética española a corto plazo, y que indirectamente acabaría con el cierre de las centrales térmicas de carbón en el año 2020, es un buen ejemplo del doble discurso que suele tener la política respecto al futuro del sector minero español. Defensa a ultranza en los territorios implicados, como Asturias y Castilla y León, así como en muchas declaraciones públicas, pero pocos hechos efectivos a la hora de votar en el Congreso de los Diputados o cuando hay que tomar decisiones en el Gobierno central. Así, a la intención política -no tiene porqué hacerse realidad si el Ejecutivo no la hace suya- de cerrar las térmicas de carbón en 2020 se unen la falta de inversión de los denominados fondos mineros -ni un euro para obras desde 2011- o la constante reducción de ayudas a las empresas que quieren instalarse en las comarcas mineras.
Que los árboles no impidan ver el bosque, o que la gran cantidad de declaraciones y puntos de vista políticos no deje ver los hechos. Lo cierto es que, pese al apoyo "hablado" de todos los partidos políticos al sector del carbón español, el grueso de la minería estatal está abocada a desaparecer en el plazo de un año, 31 de diciembre de 2018. A partir de ese día las minas no podrán recibir ayudas. Y las que quieran seguir adelante con su actividad porque han llegado a ser rentables deberán devolver las subvenciones. En resumen, esta normativa de la Unión Europea dirige a las explotaciones a un único destino: el cierre, salvo a unas pocas minas a cielo abierto desperdigadas por España y cuyo volumen de empleo, en comparación con el actual, es casi residual. Esta normativa fue votada en su momento por el Gobierno del PSOE en 2010, y posteriormente el del PP no ha logrado -ni intentado, si se dan por buenas las palabras de los sindicatos- revertir la situación. La votación, a propuesta de Unidos Podemos, de no permitir las instalaciones energéticas que emitan más de 550 gramos de CO2 por kilovatio generado, propone, indirectamente, que todas las térmicas de carbón cierren. Unas instalaciones situadas, principalmente, en las zonas mineras de España, tanto si usan carbón autóctono como si usan (la mayoría) mineral de importación. Una cosa está clara: sin térmicas donde usar el carbón, su extracción está de más. Ni las pocas minas a cielo abierto supervivientes del proceso de selección de la UE podrán seguir adelante. Sería el fin definitivo a una industria con más de 150 años de historia en España.
Lo que la política llama "proceso de transición energética no traumática", la reconversión industrial y económica de las zonas mineras, tampoco se está llevando a cabo. Que las grandes cantidades de dinero de los fondos mineros invertidas entre 1998 y 2011 sólo tuvieron éxito con la mejora de las comunicaciones y el saneamiento ambiental (los ríos no bajan negros y se hicieron la mayoría de los saneamientos) es un hecho. Muchas de las empresas surgidas al calor de las ayudas mineras fracasaron. También es un hecho que, desde 2011, con la llegada del Gobierno de Mariano Rajoy, los fondos mineros se suprimieron por completo y dejaron de invertirse, para bien o para mal. A cambio, se anunció un plan de infraestructuras de 250 millones de euros a repartir entre todas las comarcas carboneras españolas. Un plan que, tras seis años de Gobierno, sigue sin haber invertido un euro. Las ayudas a la captación de empresas también se reducen, y en 2017 son un 82% inferiores a las de 2016 (al menos las presupuestadas, no hay datos de la inversión real. Se pasó de 45 millones a 8,25).
Si esto no fuera poco, está el enredo de las reclamaciones judiciales de los fondos mineros que el Gobierno anuló en 2011. El Principado llevó al juzgado esta decisión, y en algunos casos la ganó y en otros, no. Con los datos en la mano, el actual Plan del Carbón 2013-2018 apenas se ha cumplido, a excepción de un punto: las prejubilaciones. El número de trabajadores en el sector ha ido adelgazando progresivamente -en Hunosa apenas quedan 1.200- y, en 2017, de todo el dinero que se destina al carbón: prejubilaciones, subvenciones a las empresas extractivas, dinero para infraestructuras, ayudas a la instalación de empresas, el 76% se destina a las jubilaciones anticipadas.
Todos los partidos asturianos defienden en definitiva la continuidad del carbón. Pero, analizando los hechos, esta actividad está llamada a desaparecer en muy poco tiempo. Queda la esperanza de que algunas de las actividades alternativas de Hunosa puedan seguir generando empleo, sobre todo las relativas con nuevas energías y las de restauración de zonas degradadas. Dependerá de los hechos, y no de las palabras.
