Los culpables del incendio que calcinó varias hectáreas de monte en el valle del Río Negro no quedarán impunes. El Ayuntamiento de Aller ha iniciado una investigación sobre el fuego, que se produjo en noviembre y que afectó a la zona alta de las localidades de Murias y Arnizu. Las indagaciones comienzan a propuesta del grupo Alternativa Independiente por Aller (AIPA) y consistirán, de momento, en la reclamación al Principado de Asturias de un registro de quemas controladas en la zona durante el mes pasado.

"Hemos exigido esta medida porque consideramos que los incendios fueron gravísimos", afirmó el portavoz de AIPA, José Castañón. El fuego se produjo el 22 de noviembre, durante una jornada de altas temperaturas (cerca de veinte grados en la zona) y fuertes vientos. El incendio empezó en la cima del monte, cerca de una zona conocida como Mayáu Boyes, y mantuvo en vilo a los vecinos del valle del Río Negro durante dos días. Especialmente a los vecinos de Murias y Arnizo, las dos localidades más próximas al fuego.

Los pueblos no tuvieron que ser desalojados, pero sí se produjeron daños materiales. Se quemaron varias cabañas de ganaderos de la zona, que ya están preparando la reclamación para el pago de indemnizaciones. Según José Castañón, "sigue habiendo mucha preocupación entre los vecinos".

Y la forma de acabar con la inquietud, consideran desde AIPA, es una investigación que esclarezca lo ocurrido. Es por eso que la formación presentó al último Pleno una moción de urgencia en la que reclaman que "se solicite a la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales (y a los organismos correspondientes) el calendario de quemas controladas a realizar y realizadas en los montes del valle del Río Negro durante el mes de noviembre". También reclaman conocer el cargo e identificación de las personas responsables de la realización de las quemas.

El fuego afectó a una importante masa forestal comunal en el valle del Río Negro. Y se produce en un mal momento. Hace solo unas semanas, el alcalde de Aller, David Moreno Bobela, reclamó al Gobierno regional que tramitara ya la protección de la zona como espacio protegido. Una reclamación, aprobada por unanimidad en la Junta General del Principado, que lleva años sobre la mesa. "Si alguien ha dañado nuestros montes, no puede quedar impune", afirmó Castañón.