El Juzgado de instrucción número 11 de Madrid emitió el 20 de mayo un auto por el que insta a la Fiscalía a continuar con procedimiento abreviado contra el que fuera presidente de la Federación Española de Bolos durante 25 años, el asturiano José Luis Boto, al observar el juez indicios de delito por fraude de subvenciones y falsificación documental en la justificación de unas ayudas del Consejo Superior de Deportes por importe de 150.000 euros en el año 2012.
La propia Federación Española de Bolos, ahora presidida por Óscar Gómez Morante, decidió hacer público el auto después de que se cuestionase en algunos medios de comunicación cántabros la veracidad sobre unas informaciones aportadas por la directiva en la asamblea general en la que se señalaba que Boto estaba siendo investigado por la justicia.
En dicho documento el juez da diez días bien al ministerio fiscal o a las acusaciones personadas a formular "un escrito de acusación para la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa", para continuar la tramitación de las diligencia abiertas tras una denuncia presentada por la Fiscalía, a instancias del CSD el 22 de diciembre de 2014.
El auto recoge como hechos que podrían haber sido constitutivos de delito la entrega al CSD de una factura por valor de 150.000 euros y un talón bancario que "pretendían simular el pago por parte de la federación" de dicha cantidad a un bufete de abogados al que pertenece M. R. M, que también está siendo investigado junto a Boto, "cuando la realidad es que el pago no se produjo y la factura fue posteriormente rectificada por otra del mismo día".
Ante tales hechos, el juez considera que los mismos "pudieran ser constitutivos de delitos de fraude de subvenciones" y "falsedad de documento mercantil" y señala que "subsisten indicios" de la participación tanto de Boto, como presidente de la entidad receptora de la ayuda, así como del miembro del bufete, como posible gestor de la factura.
En caso de que se decidiera abrir juicio oral, decisión que podría conocerse en cuestión de días según fuentes de la propia federación Nacional, Boto podría enfrentarse a penas de entre 3 y 6 años de cárcel sólo si demostrase que cometió un delito de falsedad de documentos.
Cabe recordar que Boto ya cumplió un año de inhabilitación que le impuso el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por "irregularidades en la gestión" al frente de la nacional tras su dimisión en marzo de 2014. Una renuncia que fue precipitada por una deuda superior a 400.000 euros, en su mayoría proveniente de la devolución de ayudas al CSD que este consideró mal justificadas.
Respecto a los hechos que se le imputan, Boto señaló a este diario el pasado diciembre que el CSD "estaba al corriente de la factura", señaló que ésta "valió, mientras hubo buena fe" y achacó su investigación a "una persecución" iniciada con el cambio de dirigentes en el CSD, a raíz de la llegada del PP al gobierno central en 2012.
