Medidas contra el bajón de la construcción residencial
 

La Administración acelera la licitación de obra civil para evitar el parón del sector

Principado y concejos licitaron en abril un centenar de proyectos para impedir que la nueva ley de contratos causara retrasos, aseguran los constructores

 

La entrada en vigor de la nueva ley de Contratos Públicos ha obligado a las administraciones autonómica y municipal a adelantar buena parte de las licitaciones que tenían previsto realizar a lo largo de los próximos meses. La nueva normativa, que introduce varias modificaciones en los pliegos de condiciones de las obras públicas y que entró en vigor el pasado día 1 de mayo, ha generado el recelo del sector de la construcción, que considera que podrá ralentizar las obras públicas en un momento en el que se espera que compense la caída del mercado residencial. Para contrarrestar esta caída, la Administración regional licitó durante el pasado mes de abril un centenar de obras, en su mayoría de pequeña envergadura, según los datos que maneja la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC).


El director general de esta patronal, Daniel García, asegura que «hay muy pocas administraciones en la región que hayan hecho los deberes y que se hayan adaptado a la normativa. Les llevará un tiempo hacerlo y esto puede causar algunos retrasos». García afirma que «éste era un momento en el que no se podría ralentizar este tipo de licitaciones ya que la obra pública es la que está cubriendo el descenso de la vivienda».


La patronal española de la construcción ha tratado de retrasar la entrada en vigor de la ley en varias reuniones con el Gobierno central, sin conseguirlo. Aunque, según García, el estirón que ha dado la Administración a las licitaciones puede mantener cubierta la demanda durante algunas semanas. La ley, según explica la patronal asturiana, incorpora numerosas reformas y exigencias, sobre todo de carácter medioambiental y de confidencialidad, en todos los pasos de la licitación. En una charla sobre el futuro del sector de la construcción celebrada recientemente en Gijón, el director de ventas de la compañía OHL, Jaime Andreu, aseguró que «después de que hay unas elecciones baja el número de licitaciones, por eso hemos pedido que con la entrada en vigor de esta ley no se junten dos hechos negativos para el sector, el descenso tras los comicios y el retraso de adaptación que puede generar la normativa».


El Gobierno asturiano ya ha manifestado en varias ocasiones que la voluminosa obra pública permite prever que el sector de la construcción aún tiene un recorrido al alza en la región pese a la caída que sufre la edificación residencial. De hecho, el presidente de la Confederación Asturiana de Constructores, Abilio Martínez, señaló recientemente que las licitaciones comprometidas en la región son una sólida base para que el subsector de las contratas no pierda trabajadores.


La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) asegura también que la ley de contratos del sector público es una norma «muy compleja». El responsable de los servicios jurídicos de la patronal regional, Ignacio García, afirma que «es difícil hacer una valoración global porque está pendiente de un importantísimo desarrollo reglamentario, que puede hacer variar sustancialmente determinados temores o expectativas que ha generado». El jurista afirma también que «la esperanza que tenemos es que tanto su desarrollo reglamentario como la práctica administrativa sirvan para evitar la ralentización de los plazos de licitación pública, mejorando su simplificación y eficacia».


El secretario general de la CAC, Daniel García, afirma que la normativa «regulará las licitaciones tirando a mal, aunque también hay algunos aspectos positivos». Una de las principales novedades que destaca, de forma negativa, la patronal de la construcción en Asturias es que la ley primará el precio de oferta, mientras que en la actualidad también se tenían otros valores en cuenta como los plazos de desarrollo de las obras. «Todo en la ley tiende a hacer que los precios de las ofertas sean más bajos», resalta García. Otro de los aspectos que pretende potenciar la ley es la figura de las subastas electrónicas, en las que los interesados podrán realizar todos los trámites por internet.


La ley fue aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado mes de octubre para dar una solución a las peticiones de la Unión Europea al Gobierno español para que se mejorara el proceso de licitaciones estatal. «Se ha pegado una vuelta estructural a un texto que no funcionaba bien», resume el secretario general de la patronal asturiana.


Entre las múltiples novedades que incluye el nuevo texto legislativo se incluye la de impedir a las empresas filiales de un grupo participar en un mismo contrato de concesión de obras públicas estatales, aunque si estas compañías se fusionan antes de que concluya el plazo de las candidaturas podrán mantener una oferta en común.

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