Valencia, J. C.

El siguiente gran movimiento en el sector del juego se producirá cuando se apruebe la ley que debe regular este tipo de oferta lúdica en internet. El proyecto, según fuentes de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), está todavía en una fase embrionaria. El Consejo de Ministros estudió en septiembre un borrador de ideas, que, en una segunda ronda de conversaciones, está negociando con las autonomías, que tienen competencias en juego.

La regulación de este subsector tiene trascendencia, no en vano la Asociación Española de Apostadores Por Internet (AEDAPI) estima en más de 300 millones de euros los beneficios que genera al año. El experto en el sector del juego y profesor de Economía de la Universitat de Valencia Miguel Mazón aseguró que la cuestión clave será el control de la fiscalidad en una actividad donde ni el jugador ni la casa de apuestas -esta última, aunque en algunos casos patrocine a famosos equipos de fútbol, suele estar ubicada en paraísos fiscales- aportan dinero a las arcas públicas. Mazón, quien calificó de «desastre» los intentos de algunas autonomías, como el País Vasco o Madrid, de regular el juego «on line» de carácter presencial, opina que la posible privatización de la LAE está relacionada con la nueva reglamentación del juego por internet, en el sentido de que la futura sociedad estatal llevaría el control de esa parcela, pero para ello necesita la tecnología que le aportaría el sector privado.

Loterías y Apuestas del Estado (LAE) recaudó el año pasado por todos los juegos que organiza (lotería nacional, lotería primitiva, bonoloto, el gordo de la primitiva o el Euromillón, entre otros) un total de 9.844 millones de euros, con un descenso del 2,02% en relación al año anterior. Por autonomías, los mayores ingresos procedieron de Madrid, con 1.515 millones y una caída del 3,31%. La segunda posición la ocupa Cataluña, con 1.466 millones y un descenso del 2,10%. En tercer lugar aparece Andalucía, con 1.366 millones y una disminución del 2,45%. A continuación figura la Comunidad Valenciana, con 1.217 millones y una bajada del 4,75%, la mayor de España.