Oviedo / Madrid, Agencias
La banca española tendrá que realizar un esfuerzo extra para sanear sus balances por valor de hasta 30.000 millones de euros y estarán obligadas también a traspasar a nuevas sociedades inmobiliarias para su venta los activos (pisos, solares...) que han ido acumulando debido a los impagos. El nuevo proceso de saneamiento se hará con cargo a los resultados de las entidades financieras, aunque el Gobierno prevé inyectar dinero público, principalmente en forma de préstamos al 10% de interés, en aquellos grupos que sufran mayor quebranto. Ese apoyo podría acercarse a los 15.000 millones, según se deduce de las palabras del ministro de Economía, Luis de Guindos.
La segunda reforma financiera que el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprueba en tres meses («segunda fase» de la decretada en febrero, según la versión gubernamental) llega después de que los mercados y las instituciones internacionales (FMI, BCE, Comisión Europea...) amplificaran las alarmas acerca de la situación de la banca española. Según De Guindos, las medidas aprobadas ayer buscan actuar «con contundencia, decisión y amplitud sobre los activos no problemáticos del sector promotor y constructor». Esto es, en febrero se exigió a los bancos que hicieran mayores reservas de dinero (provisiones por valor de 54.000 millones) para cubrir los riesgos del crédito inmobiliario que ya tiene dificultades (moroso o en camino de serlo). Ahora se impone a las entidades que de aquí a fin de año hagan una reserva extra de 30.000 millones, esta vez para los «activos sanos». Así anticipa el saneamiento ante un posible deterioro futuro de tales activos (al aumentar los impagos por la recesión y el paro).
Según De Guindos, el objetivo es «disipar cualquier duda» sobre la solvencia de la banca. Hacia ese objetivo confluye otra de las medidas aprobadas ayer y que recoge una petición de Europa: encargar a dos tasadoras independientes que valoren toda la cartera del sector español. El propósito general es el descrito para las reformas anteriores (dos con el PSOE y dos ahora con el PP): que los mercados recuperen la confianza en la banca, que ésta pueda financiarse en condiciones óptimas y que, con ello, el crédito vuelva fluir. ¿Lo hará pronto? Las primeras impresiones de algunos analistas indican que , como en las reformas precedentes, la exigencia de nuevas provisiones, aunque beneficiosa a medio y largo plazo, se traducirá a corto en más restricciones. Los tres ejes de la nueva reforma se sintetizan a continuación:
l Las provisiones. La banca acumula unos 123.000 millones en créditos sanos al sector promotor y constructor. El decreto de febrero obligó a provisionar el equivalente al 7% del valor de esos préstamos. Ahora, la obligación se eleva a una media del 30%. Las proporciones varían según el tipo de garantías. La exigencia máxima será en el caso de los préstamos garantizados por suelo: la provisión tendrá que ser en este caso de hasta el 52%. El Gobierno estima que, en total, los bancos tendrán que reservar 30.000 millones de euros hasta el 31 de diciembre próximo. En principio, Bankia, la Caixa y el Banco de Santander son las entidades que deberán hacer más provisiones.
l Las ayudas. El dinero tendrá que salir de los resultados de los bancos. Pero el esfuerzo que se exige, unido al que ya se pidió en febrero (54.000 millones a provisionar también este año, salvo para quienes aborden fusiones, que tienen un ejercicio más), puede meter en pérdidas a parte del sector y dañar su capitalización. Las entidades siguen obligadas a mantener los niveles que impusieron anteriores reformas (entre el 8% y el 10% de capital principal). Quienes, por el impacto de las provisiones, tengan necesidades de capital deberán captar dinero privado en el mercado o podrán recibir el apoyo financiero del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el instrumento que maneja los apoyos públicos a la banca. El dinero se inyectará principalmente mediante préstamos bajo la forma de bonos convertibles contingentes (conocidos en la jerga del sector como «cocos»). Esos préstamos se deberán devolver con un interés del 10% (dos puntos por encima de los concedidos por el FROB en 2010). Esas condiciones llevaron a De Guindos a afirmar que «no se trata de ningún tipo de ayuda pública» y que no habrá coste para el contribuyente. Preguntado por los periodistas, el Ministro estimó que el FROB aportará «menos de 15.000 millones», la cantidad que recibió el sector en préstamos con la primera reforma financiera del PSOE.
l Sociedades inmobiliarias. La reforma también obliga a la banca a crear, antes de final de año, sociedades inmobiliarias (remedo de los «bancos malos» creados en otros países) para agrupar y vender las viviendas y suelos acumulados por impagos. Se separa así de los balances los llamados «activos adjudicados», valorados ahora en más de 80.000 millones de euros. Las nuevas sociedades estarán abiertas a socios privados y los activos serán traspasados a su valor contable. El Gobierno ha complementado esta medida con incentivos fiscales para favorecer la venta de viviendas y fomentar el alquiler.
Las nuevas sociedades a las que deben ser traspasadas las viviendas y suelos acumulados por impagos deben constituirse antes del 31 de diciembre de este año, salvo para las entidades que estén en proceso de fusión, que tienen de plazo hasta finales de 2013.
El plazo que tienen los bancos para plantear nuevas fusiones y acogerse a los beneficios del decreto de febrero (ampliación del tiempo para hacer las provisiones ordenadas entonces) se amplía en un mes, hasta el 30 de junio.
