El Gobierno del Principado se ha dirigido por carta al Ministerio de Industria para demandar la puesta en servicio de la regasificadora de El Musel, acabada desde hace dos años y sin actividad por orden del departamento de José Manuel Soria. El Ejecutivo asturiano sostiene que, tras la reciente construcción del gasoducto El Musel-Llanera, no existe ningún argumento técnico para mantener "hibernada" la instalación. Aduce, además, que Asturias debe recibir "igual trato" que el País Vasco, donde acaba de ser autorizado el funcionamiento de una ampliación de la regasificadora de Bilbao.

Isaac Pola, director general de Minería y Energía, ratificó ayer la posición del Gobierno regional: "Hasta ahora había un argumento difícilmente contestable para tener parada la regasificadora: no había conexión con la red de gasoductos, pero ese obstáculo ha desparecido". El tubo El Musel-Llanera refuerza la red local de gas en el centro de Asturias, con problemas de saturación, pero la obra fue concebida con otra misión primigenia: unir la regasificadora al sistema nacional, de modo que el combustible que entrase por El Musel en barcos fuera tratado en la planta e inyectado en la red primaria de gasoductos.

Técnicamente ya es posible el funcionamiento de la regasificadora, pero la decisión del Ministerio que en 2012 frenó su puesta en marcha fue tomada con el argumento de que la situación de la demanda de gas en España, dotada con otras seis regasificadoras en activo y grandes conexiones internacionales con los productores del Magreb, no justificaba el funcionamiento de la planta gijonesa. "El decrecimiento del consumo se ha suavizado y hay cierto repunte en el sector industrial. Además, ese mismo argumento podría exhibirse respecto de otras instalaciones que sí han sido autorizadas, como la ampliación de Bilbao", expuso Pola.

Las tensiones con el Ministerio de Industria a cuenta de la regasificadora -que se unen a las existentes en otros asuntos, entre ellos el riesgo de cierre de Alcoa por los precios eléctricos- se han amplificado tras la reciente puesta en servicio de un tercer tanque de almacenamiento en la planta de Bilbao, participada por la Administración vasca del peneuvista Íñigo Urkullu. Esa ampliación recibió el visto bueno definitivo de Industria el pasado 17 de noviembre, una decisión que prima a la instalación vizcaína frente a la asturiana. Según el criterio Principado, Industria no puede argumentar que no hay demanda para dejar parada la regasificadora de Gijón y a mismo tiempo autorizar la ampliación vasca.

"Asturias debe recibir el mismo trato", expuso Isaac Pola. El director general evitó acusar de manera explícita al ministro Soria de dar un trato de favor por razones políticas al País Vasco, pero es una impresión que está extendida en la Administración asturiana. Más tras la también reciente decisión de Industria de modificar la regulación eléctrica (los llamados peajes) para abaratar los precios que paga la industria vasca por la energía.

El funcionamiento de las regasificadoras se retribuye con cargo a la tarifa que pagan los consumidores. Industria justificó la paralización de la planta asturiana para no añadir más costes a un sistema que ha entrado en déficit. Isaac Pola replicó ayer que estando parada la planta gijonesa también implica elevados costes: 76 millones entre 2012 y 2014 para sufragar los trabajos de mantenimiento y para compensar a Enagás por la inversión realizada (380 millones).