El Gobierno central ha otorgado a Ence una prórroga por 60 años, con un plazo adicional superior a los 50, de la concesión de ocupación de los terrenos en los que se ubica su centro de operaciones de Pontevedra, una decisión que despeja el futuro de la planta gallega, amenazada de cierre. Ence considera que la decisión del Gobierno permitirá "salvar" los más de 800 puestos de trabajo que genera en Pontevedra y los más de 5.000 de toda Galicia que dependen del funcionamiento de su fábrica de Lourizán, cuestionada por su ubicación en terrenos de dominio público marítimo. El Ayuntamiento de Pontevedra, gobernado por el BNG, se opone a la decisión del Ministerio de Medio Ambiente y ha anunciado que pleiteará.
